Pandereta

Cristina Losada

Si me preguntaran cuáles son las causas contra las que aún merece la pena batirse en el terreno de la opinión, daría dos en primer lugar, por no decir en exclusiva. Las dos pertenecen al fondo de armario de tópicos sobre la vida pública española. Son clichés que cuajaron ya no se sabe cuándo, pero aún configuran la visión que se tiene de ese asunto y conforman opiniones muy poco favorables sobre España. Una es el tópico de la anomalía española, que predica singularidades históricas que harían de nuestro país un caso excepcional –y excepcionalmente malo– en comparación con nuestro entorno. Hasta la existencia misma de España resulta, en tal perspectiva, algo anómalo. Es el Spain is different, no como lema folclórico sino como tesis pretendidamente seria y fundada.

No es seria, pero es serie. Y es una serie con una secuela o precuela que circula bajo el título España es un país de pandereta. Ésta pregona la falta de seriedad como nota de carácter general, y también en el ámbito específico de la cosa pública. Porque, según el razonamiento serial, no tendríamos ni podríamos tener aquí un Estado moderno, con las características que lo identifican. Lo que tendríamos, en cambio, es un aparato que se rige por la pura arbitrariedad y el puro tejemaneje del poder político. Un tinglado donde la norma es el incumplimiento de las normas y el camino habitual es el atajo. Donde no existe la mínima autonomía institucional y la separación de poderes fue un sueño de una noche de verano. Lo interesante de este cliché –y en parte del otro– es lo repartido que está, no importa el credo político.

En las crisis, que son momentos en que se acude al fondo de armario, estos tópicos heredados ocupan el lugar de las ideas sobre cómo afrontarlas y tienden a sumir al país en un estado de autoflagelación que obstaculiza la posibilidad de reformar y renovar, como ya sucedió con la madre intelectual de todas esas crisis, que fue el 98. Cada tanto desaparecen de la escena, pero siguen latentes, preparados para resurgir, de ahí la necesidad de batirse contra esos clichés arraigados, tanto cuando están en el candelero como cuando no. El problema para los que hacemos causa contra ellos es cuando, de pronto, se ven confirmados. Y una actuación abusiva del poder político, una presión o injerencia indebidas, un uso partidista de la Administración, un incumplimiento flagrante de las reglas, nos pone de nuevo ante esa imagen del país de pandereta.

Exactamente eso es lo que acaba de ocurrir y acaba de provocar el Gobierno, con un movimiento que ha dejado maltrechos la independencia judicial y el prestigio de la Guardia Civil, por lo menos. No contaremos aquí el prestigio del ministro del Interior, que ya estaba tocado de antes. Tampoco es cuestión de resumir la secuencia conocida, que parte de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia contra el delegado del Gobierno de Madrid por no suspender la manifestación del 8-M, sigue con un informe de la Guardia Civil de Tres Cantos para ese procedimiento y acaba con la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid del cuerpo, el coronel Pérez de los Cobos. Pero sí hay que señalar el elemento más grave de todos los conocidos. Y es que los superiores del coronel le reclamaran, según fuentes de su entorno, que revelase el contenido del informe policial realizado para la instrucción judicial. Porque eso no lo podía hacer el coronel ni podían pedirle que lo hiciera. Pedírselo es un intento de interferir en una investigación judicial, cosa que Marlaska ha de saber perfectamente.

Aun cuando fuera cierta la versión del ministro, aun cuando fuera verdad que la destitución no es un ajuste de cuentas, sino un ajuste del equipo directivo, realizar ese cese ahora, en este contexto, sólo abona la idea de que se castiga al coronel porque no cedió a una presión indebida. Es de una falta de inteligencia política alarmante, sin duda, pero no se trata de pedirle al ministro más astucia para hacer lo incorrecto. De lo que se trata es de que el Gobierno tiene que respetar escrupulosamente la independencia judicial y, además, aparentar que la respeta.

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