¿Nuevas leyes contra la corrupción?

Cristina Losada

Otra vez, como en todas las anteriores mareas que hicieron emerger la corrupción, se prometen y se reclaman nuevas leyes, siempre más estrictas, desde la convicción de que sólo una mayor regulación y un mayor castigo a los que incurran en ella pueden acabar con una lacra tan extendida. De hecho, es muy frecuente en España que, a la vista de cualquier problema, no únicamente la corrupción, se pida y se ofrezca una nueva ley, en lugar de estudiar primero cómo funcionaron las existentes. Lo notable de esta afición española por crear nuevos instrumentos legislativos, y de la confianza que se deposita en su futura eficacia, es que viene acompañada de otra añeja afición: la de incumplir la ley o encontrar el modo de burlarla.

De forma implícita apuntaba algo así el politólogo Giovanni Sartori, cuando, todavía humeantes los rescoldos de Mani Pulite, la gran operación judicial contra la corrupción italiana, dijo esto:

Antes en Italia se decía que el que no robaba era un tonto. Después comenzó a actuar la justicia y hoy en día se dice que el que no roba es un tonto, pero el que roba y es descubierto es más tonto todavía.

La manera en que Italia afrontó la corrupción en la década de los 90 conviene tenerla muy presente. Muy presente, ante todo, para no cometer el mismo error. Pues a pesar de la espectacularidad de la actuación judicial, o quizá por ella, a pesar de las nuevas leyes, a pesar del recambio prácticamente total de la clase política, la corrupción siguió siendo un problema. Recuérdese que los cuatro partidos de gobierno, entre ellos la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, desaparecieron como consecuencia de aquella gran barrida de corruptos, y que el salvador elegido para limpiar la política fue Berlusconi.

Las deficiencias de la vía italiana contra la corrupción las acaba de exponer Victor Lapuente Giné, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo, en un artículo titulado "Círculo vicioso, círculo virtuoso". Ahí Lapuente contraponía el ejemplo italiano al de Estados Unidos cuando hizo frente a la corrupción en el XIX con la reforma de la infraestructura institucional de su sector público. En concreto, despolitizó la gestión pública a fin de atacar el problema de fondo, que no era otro que la excesiva acumulación de poder decisorio en manos de los políticos; una situación similar a la que tenemos aquí, particularmente en las administraciones locales y autonómicas.

El problema, ay, es que reformar la gestión pública en tal sentido ni conviene a los partidos políticos ni es reclamada, de momento, por importantes corrientes de opinión. El corto plazo domina, como domina la querencia por lo espectacular: nuevas y más punitivas regulaciones, jueces que emulen a Di Pietro, macrorredadas con decenas de imputados cuyo fruto en procesamientos y condenas tarda años y años en llegar, si es que llega finalmente.

Ahí tenemos al Gobierno, por ejemplo, prometiendo una vez más nuevas leyes. O a la oposición socialista ofreciendo lo mismo pero más todavía, incluidas las primarias obligatorias, para que, así, cuando haya un corrupto sea un corrupto que fue elegido directamente por las bases. Y ahí tenemos a todos los partidos luchando a brazo partido por echarse basura los unos a los otros. Fantástico. Vamos, en fin, como un solo hombre, por la vía italiana a ninguna parte. Es decir, a ninguna parte buena.

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