Experimentos con el alquiler

Cristina Losada

La política para la juventud del Gobierno es dar un cheque alquiler a los pocos jóvenes que trabajan y al resto, otro cheque para que se entretengan mientras tanto. Lo ha llamado "bono cultural" y dice que va a generar un círculo virtuoso con la industria de la cultura, por eso de que ha sufrido mucho durante la pandemia –¡más han sufrido los feriantes!–, pero la única virtud que hay en todo esto es la que quiere exhibir el Gobierno. Lo ha anunciado sin definirlo, y aún no se sabe si pagaremos los videojuegos a los que entren en la edad de votar el año próximo. Habrá cuatrocientos euracos para los que inviertan tiempo y energías en pelearse con la burocracia. El paro juvenil, por lo demás, seguirá como hasta ahora, estratosférico.

Los socialistas se acostaron pensando que el control del precio de los alquileres era inaceptable y se levantaron diciendo que era maravilloso. La metamorfosis. Como lo del alquiler se veía cosa de Podemos, se sacaron el cheque cultureta de la manga. Nunca mejor dicho. En Francia, donde hay un cheque de trescientos euros –nosotros somos más ricos–, se llama Pass Manga porque se lo gastan en cómics japoneses. Si Sánchez ha copiado a Macron para esto, tal vez se haya inspirado en Berlín para lo otro, por la consulta que se ha hecho allí favorable a expropiar a las grandes inmobiliarias, aunque lo más probable es que quede en nada. A fin de cuentas, unos meses antes el TC alemán declaró inconstitucional la Mietendeckel que había puesto límites a los precios del alquiler en la capital.

Las experiencias europeas se están presentando como si fueran generalizadas y claramente beneficiosas. Lo de siempre del europaletismo: "Se hace en toda Europa y no hay más que hablar". Pero hay mucho más que hablar. The Economist titulaba en marzo sobre el caso berlinés: "Después de un año, el experimento es un fracaso. Un desastre anunciado. Las rentas pueden haber bajado, pero la oferta de viviendas también". En Estocolmo, donde hay control de alquileres desde hace ocho décadas, la media de espera para conseguir un piso es superior a once años. Ha surgido, además, un mercado negro, algo que ha empezado a verse en Barcelona, tras sólo un año de control.

El Gobierno no ha definido qué es esa vivienda vacía a la que le va a caer un recargo. Pero se ha ocupado de que en los titulares aparezcan los grandes tenedores y no los pequeños, que son la gran mayoría. La propiedad inmobiliaria en España está mucho más generalizada que en esos países de Europa que se toman, y mal, como ejemplo. Apenas se dice que a los pequeños les van a hacer la gracia de la congelación. Pedro y Yolanda les agradecerán así que bastantes de ellos rebajaran el alquiler durante la pandemia a los inquilinos que estaban en ERTE o sin trabajo, evitando un desastre mayor del que se produjo. Los intereses de más de dos millones de pequeños propietarios que ponen algún piso en alquiler se sacrificarían, en todo caso, para nada. Pero el objetivo gubernamental, con estas confusas medidas, no es conseguir que bajen los alquileres, sino que el público crea que su objetivo es ése.

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