El 8M y un derecho más derecho que otros

Cristina Losada

La prohibición de las manifestaciones convocadas para el 8 de marzo en la ciudad de Madrid ha levantado la habitual ola de indignación rugiente, como le gustaba decir a Revel. Tendría que haber sido una ola específicamente madrileña, porque la prohibición sólo afecta a la capital y en el resto de España van a celebrarse como si nada. Pero las indignadas proyectan su rugido de tal modo que se diría que las han prohibido en todo el territorio nacional. Pues no. Hablamos sólo de Madrid. 

Una repetición del 8M del 2020 en Madrid hubiera sido una auténtica locura. Aquella irresponsabilidad colea aún con tal fuerza que el socialismo ha tenido que plegarse a la decisión responsable, por lo menos en la capital. La delegación del Gobierno, igual que el Ministerio de Sanidad en su recomendación, se han aferrado a los motivos de salud pública:  los riesgos de transmisión del virus que entrañan aglomeraciones como las del año pasado, y como las que se preparaban para este. Pero hay una cuestión central que se elude continuamente. 

Continuamente, sí, porque las manifestaciones, de uno u otro tipo, no han dejado de celebrarse en plena epidemia. Muchas no han dado lugar a aglomeraciones, pero no todas han seguido esta pauta. Ni en todas se han cumplido las normas de rigor. La cuestión parte de una comparación: hay derechos fundamentales sometidos a estrictos límites a fin de reducir el contacto social, mientras que al derecho de manifestación se le han puesto pocos. Y ello a pesar de que manifestarse implica, salvo contadas excepciones, proximidad y contacto de muchas personas. 

Las paradojas se acumulan. Resulta que se pueden reunir para manifestarse miles de personas con ciertas precauciones, pero no se pueden reunir no convivientes, o sólo en cantidades muy tasadas, aunque tomen las mismas precauciones. Resulta que la hostelería está cerrada, o tiene que limitar los aforos en terrazas e interior para reducir al máximo los contactos, pero se acepta el grado de contacto social que se produce antes, durante y después de las manifestaciones. Igual para el comercio, las instalaciones deportivas, los gimnasios y otros establecimientos con público, todos con límites de aforo. Y qué decir de los cierres perimetrales, que prohíben, bajo sanción, salir del área sin causa justificada: ¿lo es asistir a una manifestación?

La cuestión es si hay derechos que son más derechos que otros. Si hay un derecho, el de manifestación, con el que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de poner límites. O: por qué otros derechos se restringen con tanta facilidad, como si no tuvieran importancia y se pudiera prescindir de ellos. Las indignadas rugientes gritan que la prohibición en Madrid atenta contra sus “derechos democráticos”. ¿Y todos los derechos limitados a día de hoy en toda España? ¿No son democráticos?  Esta es la peculiar jerarquía de derechos que tenemos. Aunque hay más en la granja de Orwell. Porque no hay duda de que los derechos de las llamadas feministas son más derechos que los de los demás. 

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