Contra la Ley de Amnistía, contra la Transición

Cristina Losada

Desde que apareció, en la izquierda de la izquierda, el artefacto político llamado memoria histórica tuvo siempre el propósito de cargarse lo que se había hecho en la Transición. El modo en que España transitó de la dictadura de Franco a la democracia, sin venganzas ni revanchas, presidido por la idea y la práctica de la reconciliación, sublevaba a todos los que habían esperado y deseado que, en lugar de un cambio para instaurar una democracia burguesa –entonces aún circulaba el concepto–, aquí se hubiera producido un proceso revolucionario cuya primera seña de identidad, seña violenta, como corresponde, fuera un buen ajuste de cuentas que, en términos míticos, le diera la vuelta al resultado de la Guerra Civil.

Aquel proyecto de minorías extremistas permaneció en relativa marginalidad durante años, hasta que, con la llegada de Zapatero al Gobierno, fue asumido oficialmente por el establishment socialista. Lo asumieron poniendo por delante a grupos de víctimas del franquismo que sentían que, en democracia, no se las había reparado lo suficiente, o a asociaciones que querían desenterrar los restos de fusilados que se encontraban en fosas. Incorporaron, cómo no, la retirada de estatuas, escudos, símbolos y nombres de calles de la época franquista que aún quedaban, igual que la resignificación de monumentos que no admitían derribo. En apariencia, no se trataba de otra cosa que de eliminar los restos arqueológicos de la dictadura que se conservaran, pero ya en el mismo principio se apuntó a un ajuste de cuentas retrospectivo y a una reescritura de la Historia que se iba a fijar como la única aceptable y como la única legal.

El ajuste de cuentas y la reescritura de la Historia no se podían completar dejando en pie esa extraña cosa que fue la Transición, donde los vencedores y los vencidos de la Guerra Civil se dieron la mano, sellaron el cierre de un ciclo dramático que la gran mayoría de los españoles ya había cerrado y abrieron otro en el que hemos estado desde entonces. Si algo simbolizó aquel gran acto de reconciliación fue la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 por el Congreso, una ley que había sido una reivindicación de la izquierda y que, como dijo Marcelino Camacho en su discurso, representaba "una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas".

"Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie", dijo el líder de Comisiones Obreras y diputado comunista. Y también: "¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?". El discurso de Camacho sigue siendo uno de los más sencillos y vibrantes que se han hecho en el Congreso, es el discurso por excelencia del estado de ánimo y del espíritu de la Transición, y hoy pone contra la cuerdas a todos aquellos que por oportunismo, por adanismo, por cálculo político, por ignorancia o muy deliberadamente han decidido acabar con ese momento inicial e iniciático de nuestra democracia para desatar el ajuste de cuentas que entonces, sabiamente y también generosamente, decidimos no hacer.

Al dinamitar la Ley de Amnistía dinamitan la reconciliación, la base misma de la Transición. Y esto ha de quedar claro: quien quiera liquidar la Transición quiere liquidar nuestra democracia.

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