Un deber de justicia

Cayetano González

Las víctimas del terrorismo resumieron hace tiempo en tres palabras sus reivindicaciones ante los poderes públicos y ante la sociedad: Memoria, Dignidad y Justicia. Ni más ni menos.

La pasada semana visitó nuestro país una delegación del Parlamento Europeo para investigar las razones por las que todavía hay 376 crímenes de ETA sin esclarecer. Causa estupor, y desde luego mucha pena, que tengan que venir de fuera para preguntar e interesarse por algo que debería ser una prioridad de nuestros gobernantes. Pero ¿qué se puede esperar de un Gobierno que pacta con los herederos políticos de ETA, que considera a Bildu un partido más, con el que se puede hablar de todo, negociar los Presupuestos y recibir su apoyo para sacarlos adelante?

Por eso, como mal menor –pero insisto que, con mucho pesar–, bienvenida sea toda la ayuda e impulso político que se pueda prestar para esclarecer esos 367 crímenes de ETA. Se lo debemos fundamentalmente a los familiares de las víctimas de esos asesinatos. Es, sin duda, un deber de justicia.

En este sentido, es encomiable la labor que llevan a cabo diversas asociaciones de víctimas. La solicitud de que viniera la delegación del Parlamento Europeo partió de Dignidad y Justicia, que preside el infatigable Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en el portal de su casa de Granada el 9 de octubre de 2000. También es digna de elogio la labor desarrollada por Maite Pagazaurtundúa, víctima también del terrorismo –a su hermano Joseba ETA lo asesinó en Andoáin el 8 de febrero de 2003– y actualmente eurodiputada por Ciudadanos.

De vez en cuando, desde algunos sectores sociales se plantea a las víctimas del terrorismo el debate de si deben perdonar a los asesinos de sus seres queridos. Una cuestión muy delicada, porque el perdón es algo muy personal, que afecta a la conciencia de cada uno, y que por lo tanto no se puede plantear de una forma genérica. Pero, en cualquier caso, para que el perdón tenga un sólido fundamento es imprescindible que antes haya justicia. Y en el caso de estos 376 crímenes de ETA sin resolver es evidente que todavía no la ha habido.

Según algunas informaciones que se han filtrado, al parecer los europarlamentarios que visitaron nuestro país mostraron su sorpresa cuando algunos de sus interlocutores les confirmaron que gran parte de los presos etarras a los que este Gobierno ha acercado a cárceles vascas o próximas al País Vasco y han disfrutado de beneficios penitenciarios no han colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes de resolver.

Como a veces una imagen vale más que mil palabras, habría que haber visto cómo la cara de los eurodiputados –la delegación la presidía la francesa Agnès Evren– cuando Daniel Portero les formuló la siguiente pregunta: ¿se imaginan ustedes un homenaje a los autores de la matanza de la sala Bataclan tras cumplir sus condenas?

Pues esos homenajes, esos ongi-etorri, se producen en el País Vasco, para vergüenza y humillación de todas las víctimas del terrorismo. Y se producen por la pasividad del Gobierno y también de los jueces que los permiten, sin tener en cuenta la agresión a la memoria y a la dignidad de las víctimas que suponen.

Como de este Gobierno lo único que se puede esperar es que siga blanqueando a ETA y a sus herederos políticos, y, qué vergüenza, que los militantes y votantes del PSOE no se rebelen contra esta inmoralidad, habrá que aceptar todas las ayudas que vengan de fuera.

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