Los responsables de la impunidad

Cayetano González

Lo que se ha visto y padecido estos últimos días en Cataluña –especialmente en Barcelona– y en otros puntos de España con la actuación de grupos violentos no tiene ningún precedente en nuestra todavía joven democracia. Ni la mal llamada kale borroka (violencia callejera), que tuvo su auge en la década de los años 90 en el País Vasco, se puede comparar, cualitativamente hablando, con lo de esta pasada semana.

La diferencia fundamental radica en el hecho de que ahora los poderes públicos –Gobierno de la Nación y Gobierno de Cataluña– son, por acción o por omisión, responsables de ese clima de violencia. Si en el Gobierno de España hay un vicepresidente que no ha condenado esos actos de violencia y no ha desautorizado al portavoz de su grupo parlamentario, Pablo Echenique, por el tweet en el que de alguna manera se podía interpretar que aprobaba esas actuaciones, entonces el sistema democrático tiene un problema, que no es otro que el hecho de que el Gobierno en su conjunto, y no solo la parte podemita, es cómplice de la situación. Por cierto, las declaraciones realizadas este lunes por el portavoz de Podemos diciendo que claro que condena los actos violentos huele más a una maniobra personal de protección ante posibles acciones judiciales que a una rectificación sincera.

No es suficiente con que el presidente del Gobierno –cinco días después de que empezara ese terrorismo callejero en Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Madrid o Valencia– hiciera una condena de esa manera. O desautoriza públicamente la actitud de Podemos o las palabras de Sánchez se las lleva el viento.

Pero además está la competición abierta entre los partidos independentistas de Cataluña que conforman el actual Gobierno en funciones de la Generalitat para ver quién es más crítico con la actuación de los Mossos y quién corteja mejor con esa postura a los radicales y antisistema de la CUP, a los que necesitan para la formación del próximo Gobierno. Es un auténtico dislate que desde el Ejecutivo catalán se ponga en duda, por razones políticas y partidistas, la labor de quienes están encargados de velar por el orden público. Esa actitud demuestra en qué manos ha estado y puede seguir estando Cataluña. También es verdad que, cuando los ciudadanos votan –y los catalanes lo acaban de hacer–, deberían tener en cuenta todas las circunstancias. Si lo que se ha visto estos días es lo que quiere una mayoría social en Cataluña, entonces el problema lo tienen ellos, aunque luego lo paguen, por ejemplo, los dueños de los comercios que han sido saqueados.

Cuando en una sociedad no impera el cumplimiento de la ley, y el Estado o sus poderes legítimos renuncian a o ponen en duda la utilización legítima de la fuerza para hacer frente a quienes quieren saltarse la ley utilizando la violencia, se da paso al caos, al desgobierno y a la impunidad. Si detrás de todo eso están los Gobiernos y algunos de los partidos que los conforman, entonces el problema se agrava y tiene una muy difícil solución.

Pedro Sanchez, como presidente del Gobierno de España, no puede mirar para otro lado y conformarse con una condena genérica de la violencia. El problema lo tiene dentro de su Gobierno, que es el que quiso formar con Podemos, y con sus socios de investidura, entre los que están lo mejor de cada familia, como ERC o Bildu. No destituirá a Pablo Iglesias, como le pide el PP o Ciudadanos, pero que no tenga ninguna duda de que esta situación ya le salpica a él. Los ciudadanos, aunque estén muy cansados y de alguna manera anestesiados con el año tan raro por mor de la pandemia, saben perfectamente quién nombró a Iglesias, quién pactó la coalición con Podemos y quién está consintiendo cosas que degradan nuestra convivencia y nuestro sistema democrático.

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