Un Gobierno bajo sospecha

Agapito Maestre

La sesión parlamentaria de control al Gobierno de este 27 de mayo de 2020 marca un antes y un después en la política española. Ha aparecido una novedad. Por primera vez en esta legislatura se ha debatido sobre un asunto real. Concreto. Nada ha sido abstracto. Nada ha sido ideológico. Nada de lo tratado estaba al margen de la principal sospecha que tiene la nación, la mayoría del pueblo español, desde el mismo día en que se decretó el estado de alarma. Son millones los españoles que creen, sospechan y conjeturan sobre la responsabilidades civiles, políticas y criminales del Gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria de la covid-19.

¿Cuántos muertos podrían haberse evitado si hubiera actuado con más diligencia y profesionalidad el Gobierno de España? He ahí el hilo subterráneo que ha recorrido el debate. Nunca olvidará Sánchez este día, sencillamente, porque ha sentido, casi palpado, la frialdad de unas preguntas sencillas, bien formuladas y mejor justificadas, que podrían llevarle a un banquillo judicial. El presidente del Gobierno ha sentido, por vez primera en la legislatura, que el control de sus actuaciones era real. La cosa iba en serio. Sí, tendrán consecuencias esas preguntas. Sí, este miércoles se llevó a cabo un genuino control de la política del Gobierno. Sí, este miércoles se hicieron preguntas muy concretas que tratan de establecer relaciones de causalidad. Lo curioso, casi verdaderamente milagroso, es que nadie plantease el asunto de modo directo sino a través de rodeos espirituales, genuinamente políticos, que han puesto en cuestión la principal doctrina del Gobierno: el poder dicta lo que dice la ley y, además, es legitimado por los sabios y los expertos científicos. La sesión de control de este miércoles ha roto, por fortuna, esa terrible fórmula comunista de identidad entre el poder, el saber y la ley.

Muchos son los motivos y las razones de esa ruptura. Hay dos, en mi opinión, que resaltan sobre los otros. Son cada vez más los seres humanos que se dedican a la ciencia, la sabiduría, el conocimiento y el trabajo espiritual que, lejos de respaldar el cúmulo de mentiras y falsedades de este Gobierno, no dejan de cuestionarlo. Poca gente seria en España deja de denunciar el intrusismo de este Gobierno. Y, sobre todo, en el ámbito de la ley, el llamado Poder Judicial empieza a funcionar. No se trata de que funcione con la lógica de las inercias tradicionales, sino con la precisión de quien tiene que solucionar problemas inmediatos. A pesar de los pesares, hay un funcionamiento real del Poder Judicial que no se somete a las presiones del Gobierno. Está a la vista. Es tan real como que en el pasado fueron a la cárcel algunos líderes poderosos del PSOE y del PP. ¿Acaso Barrionuevo y Vera no estuvieron en la cárcel?, ¿acaso no está en prisión Rato?, ¿acaso no está a punto de ser procesado por un delito común el actual vicepresidente del Gobierno?, ¿acaso no está siendo investigado por una causa penal el actual delegado del Gobierno en Madrid, y actual secretario general del PSOE de Madrid?, ¿acaso no ha habido resoluciones judiciales, en Castilla-León y en Cataluña, revocando la prohibición de las manifestaciones de Vox?

No les cansaré poniendo más ejemplos, porque lo decisivo es reconocer que, de acuerdo con esa lógica implacable de actuación de una genuina Justicia, de una ley independiente del poder gubernamental, el actual presidente del Gobierno, junto a sus ministros Illa, de Sanidad, y Grande-Marlaska, de Interior, podrían ser juzgados por conducta criminal en los tribunales ordinarios de justicia de España. He ahí la principal conclusión que pudiera extraerse de la sesión de control al Gobierno de este 27 de mayo. Al fin, el Congreso de los Diputados, la cámara de representación popular, debatió un asunto real, palpable y de urgencia nacional: ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno en general y, sobre todo, de los ministros que permitieron manifestaciones multitudinarias sabiendo que existía un virus letal de carácter altamente contagioso? El Gobierno no sólo está deslegitimado, sin apenas sustento democrático, sino que también algunos de sus miembros podrían ser juzgados por conductas presuntamente delictivas.

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