Liliputienses políticos y justicia

Agapito Maestre

Tengo la sensación de que en estos tiempos todo es menor en la esfera política española, bien sean discursos en el Congreso de los Diputados, bien sean anuncios de elecciones generales, ante el rigor y seriedad del juicio que comenzó el martes para juzgar el terrible delito de secesión cometido por quienes se sientan en el banquillo. Son o, mejor dicho, somos todos los actores políticos y sus comentaristas poca cosa, apenas alevosos notarios de la realidad, ante el proceso abierto contra unos hombres que no sólo han cometido el mayor delito que cabe a una persona que se dedica a la política, a saber, matar lo que le da vida, el Estado-nación, España, sino que persisten en el crimen sin remordimiento por la fechoría cometida.

Sí. Lejos de arrepentirse los procesados, insisten en que volverán a delinquir en cuanto puedan; se diría que estas personas están locas, y, sin duda alguna, así podrían ser tratadas si no fuera porque a veces dan muestras de tener algún sentido pragmático del mundo, especialmente cuando tratan de salvar su cuello utilizando todas las tretas del poder político y del mediático que ellos pagan. Su única treta mental es, en efecto, hacer coincidir el mundo del derecho con lo que dice el poder político. Son totalitarios y confunden interesadamente el ámbito de la justicia con el del poder público.

Sin embargo, la estrategia jurídica de descalificar al tribunal que los juzga no parece la más inteligente para salir indemnes del proceso. Creo que, por el contrario, sus penas serán más duras, porque siguen poniendo en cuestión el bien superior a preservar: la Nación. El primer día del juicio los defensores de los delincuentes coincidieron con sus clientes en considerar que España no tiene Estado de Derecho, o sea, que no hay una separación de poderes, o mejor, un balanceo permanente entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Los golpistas volvieron a demostrar que carecen del mínimo sentido del Estado español en la UE. Los golpistas, como antaño los terroristas de ETA, no reconocieron al Tribunal Supremo que los juzga. Allá ellos con estas miserias. Son ganas de dilatar lo inaplazable.

El tribunal juzgará lo que el pueblo llano hace tiempo sabe, o sea, como dijo el clásico, "aunque la traición se aplace, el traidor se aborrece". A pesar, pues, del rollo de las televisiones golpistas, de las zarandajas tercermundistas de poner en la picota al juez instructor y al Supremo, el mundo entero sabe que se está juzgando a unos traidores a su patria por un tribunal que, salvo los delincuentes, nadie pone en cuestión. Es verdad inconcusa que el ordenamiento jurídico español es uno de los más garantistas y rigurosos de la UE. La retransmisión del juicio a los golpistas catalanes por televisión y el dejarles hablar en catalán son otras tantas pruebas, según el jurista Prego, de la objetividad e imparcialidad de nuestro Tribunal Supremo. Otra cosa, insisto, es que el ámbito entero de la Justicia tienda a ser confundido con el poder político y el saber científico por parte de quienes son juzgados por su criminal acto: romper la unidad de la Nación.

Los políticos profesionales, en primer lugar los separatistas, y los sabihondos periodistas y académicos universitarios, especialmente los que deben su puesto de trabajo a los políticos, son los primeros interesados en mantener que los jueces del Tribunal Supremo están al servicio del partido político de turno. Falso. Y sobre esa falsedad o, mejor, sobre el desmontaje de esa falsedad tendrán que construirse a partir de ahora los discursos de los partidos constitucionalistas. Dudar sobre este asunto sería tanto como excluirse del proceso democrático.

A continuación