Leire Pajín o Elena Salgado puede que no estén muy contentas con Mariano Rajoy. Y no sólo porque el popular esté aprobando reformas sobre el mercado laboral, el modelo educativo o la liberalización del comercio que no gusten a los socialistas. En realidad, uno de los mayores motivos de queja de la exministra de Sanidad o la exministra de Economía tiene mucho que ver con el dinero que mes a mes llega a su cuenta bancaria.
Desde 1981, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida destinada a pagar una indemnización del 80% de su sueldo durante dos años a aquellos miembros del Gobierno que dejan su puesto en el Gabinete. La justificación es curiosa: en teoría, se paga a los exministros o exsecretarios de Estado para compensarles por haber dejado la actividad privada (en la que se supone que se habrían hecho de oro) para dedicarse a la cosa pública. De esta manera, aquellos que se han sacrificado por sus conciudadanos, reciben una pequeña ventaja por su desprendimiento.
Puede que haya muchos que crean que en realidad un ministro o un secretario de Estado tiene muchas más posibilidades de encontrar un trabajazo tras ser miembro del Ejecutivo que antes. Por ejemplo, Pajín anunció hace unos días que se va a la Organización Panamericana de Salud; y Salgado ya ha sido fichada como consejera de algunas grandes empresas.
Pues bien, según lo aprobado el pasado 13 de julio, no sólo se reducirá un 8% la pensión de los expresidentes, sino que quitará la paga a aquellos exministros y exsecretarios de Estado que tengan alguna otra fuente de ingresos. Lo cierto es que la nueva regla aprobada por el actual Gobierno tiene todo el sentido. Si la indemnización era una manera de recompensar a ex altos cargos por su dedicación, no tiene sentido que si encuentran otro empleo la sigan manteniendo durante dos años más.
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, la dotación para ex miembros del Gobierno iba a suponer en 2012 un coste de casi 4 millones de euros para el erario. Casi 300.000 euros iban destinados a los expresidentes; algo más de un millón a los exmiembros del Gobierno y casi 2,6 millones a los ex secretarios de Estado y asimilados.