Proponen en el Congreso peruano una acusación constitucional contra Castillo por liderar una red criminal

A punto de cumplir un año al frente del Gobierno, la situación de Pedro Castillo empeora cada vez más. Este jueves, el Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, que había asumido el cargo hacía apenas cinco semanas, pero que se vio comprometido al no tener respuestas claras en relación con los funcionarios y familiares del presidente fugados de la Justicia.

Uno de los detalles que más llamó la atención en la votación legislativa es que de los 78 votos a favor de la censura del ministro, 11 fueron del partido marxista leninista Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón, y que llevó a Castillo a la presidencia en las elecciones de 2021. De hecho, este miércoles esta agrupación le pidió la renuncia a Castillo de sus filas, cosa que fue confirmada por el presidente este jueves a través de una carta al organismo electoral.

Acusación por liderar una organización criminal

Pero los problemas de Castillo no se detienen ahí ya que también este jueves la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe en el que propone la acusación constitucional contra el presidente por liderar una organización criminal, algo que en abril de este año la empresaria Karelim López había mencionado en alguna de sus declaraciones ante congresistas.

El extenso documento plantea la acusación constitucional por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Según el documento, esta red se habría instalado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y estaría integrada por 18 personas, como exfuncionarios y empresarios, entre ellos Juan Silva, que fue ministro de dicha cartera y ahora es buscado por las autoridades judiciales y policiales. También se acusa a Castillo de involucrarse en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Castillo y sus "fugados" de la JusticiaMartín Higueras (Iberoamérica)

Ahora el procedimiento obliga que este informe sea discutido en el Pleno del Congreso y en el caso de que sea apoyado por la mayoría de los congresistas, tendría que ser evaluado tanto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para estudiar posibles infracciones a la Constitución, como por la Fiscalía en caso de que existan responsabilidades penales.