El Gobierno conocía los presuntos abusos sexuales antes de conceder el indulto a Juana Rivas

El demoledor autor del juez Piñar en el que rechaza la puesta en libertad de Juana Rivas no sólo la sitúa a ella en el punto de mira, sino también al propio Gobierno que le concedió el indulto y que la ha estado protegiendo desde que su caso saltó a los medios.

"Este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que, estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor", reza el escrito.

El demoledor auto del juez sobre Juana Rivas que revela un hecho oculto hasta ahoraO. M | S.L.

"Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador", lamenta el magistrado. Sin embargo, a pesar del requerimiento que la justicia hizo a la prensa en 2017 para restringir la información al respecto, el caso ha estado al alcance de todas las partes desde el principio y, particularmente, del Gobierno que, para decidir sobre su indulto, ha tenido que estudiar toda la documentación del caso.

Así, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital, a lo largo de todo el procedimiento relativo a la sustracción de menores y la custodia de los mismos, han sido numerosas las ocasiones en las que tanto la defensa de Arcuri, como la Fiscalía y el propio juez instructor han hecho mención a los presuntos abusos sexuales.

Las otras advertencias del juez

Sin ir más lejos, el pasado 11 de junio el propio juez Piñar ya había advertido del dudoso comportamiento de Juana Rivas en esta investigación en el auto en el que denegaba la suspensión de la pena de dos años y medio de prisión solicitada por su defensa a la espera de que el Gobierno de PSOE y Podemos estudiaran su caso.

"No se puede sustentar el indulto en base a haber sido objeto de una condena injusta cuando trataba de defender de un peligro paterno a sus hijos menores, teniendo en cuenta que el único peligro al que estuvieron sometidos los menores, según se constata de las actuaciones, provino mientras éstos estaban bajo la custodia de la madre", zanjaba Piñar.

El escrito de Arcuri

Su razonamiento es el mismo que siempre ha mantenido la defensa de Arcuri, que así lo hizo saber en su propio escrito de oposición al indulto presentado el pasado 7 de junio, cinco meses antes de que el Gobierno tomase su decisión.

Enrique Zambrano pretendía llamar la atención sobre el hecho de que fuese precisamente la madre la que solicitase el archivo de un delito tan grave cuya víctima había sido su propio hijo de tan sólo 3 años. "Este es el ejemplo perfecto de lo que entiende la Sra. Rivas como protección de sus hijos", advertía el abogado , que recordaba que, ya en 2018, la propia Audiencia Provincial de Granada se había mostrado sorprendida por tal petición, alegando que no sólo era contraria a derecho, "sino a los intereses en protección e indemnidad del menor".

Juana Rivas pidió el archivo de la investigación sobre el abuso sexual a su propio hijo de 3 añosSandra León

La dudosa actuación de Rivas

Los detalles del caso revelados en las últimas horas —y que el Gobierno tenía que conocer perfectamente puesto que constaban en las actuaciones judiciales— no hacen sino cuestionar aún más si cabe la decisión de conceder el indulto a Juana Rivas.

Tal y como ha destapado este periódico, fueron las propias profesoras de la guardería las que se percataron de los dolores del pequeño y dieron la voz de alarma. Ella, sin embargo, no sólo le restó importancia, sino que se negó a llevarle al médico, por lo que el centro no tuvo más remedio que acudir a instancias superiores para forzar la visita. Tras una primera inspección ocular, el pediatra no dudó en derivar al pequeño al Hospital Materno-Infantil y solicitar que llamaran al forense para activar el protocolo habitual ante la mínima sospecha de un presunto caso de abusos sexuales.

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