Ofensiva institucional en España y Europa de PP, Vox y Cs por el menor acosado en Canet de Mar

Querellas, interpelaciones parlamentarias, recursos al Defensor del Pueblo y apelaciones a la Comisión Europea para forzar al Gobierno a que actúe.

Maite Loureiro

El caso del menor acosado en Cataluña no sólo ha provocado la reacción de una gran parte de la sociedad en toda España, sino también de los partidos políticos en la oposición, que han puesto en marcha toda su maquinaria para intentar forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a que actúe.

Lo espeluznante de las informaciones que se van conociendo sobre un caso cuya víctima es un menor de apenas 5 años, han hecho saltar todas las alarmas ante el acoso y la persecución que desde hace décadas se lleva a cabo contra el español en esta comunidad. PP, Vox y Cs han puesto en marcha varias iniciativas para denunciar lo ocurrido, tanto en las instituciones españolas como europeas.

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Además de las querellas presentadas por varias asociaciones en defensa del español, Vox en Cataluña ha recurrido a los tribunales para denunciar a los instigadores del acoso contra este pequeño por un delito de odio, según anunció Ignacio Garriga. Cs en esta comunidad ha advertido también este viernes de que presentará otra querella en los juzgados, según ha dado a conocer su portavoz, Carlos Carrizosa.

PP y Cs han anunciado también que presentarán una denuncia ante el Defensor del Pueblo, el recién elegido Ángel Gabilondo, para que investigue el caso y reclame al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe en defensa del niño.

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Acoso al Gobierno en el Congreso

Los tres partidos interpelarán al Gobierno en el pleno de la próxima semana que se celebra Congreso para que dé explicaciones sobre este asunto. La diputada popular, Sandra Moneo, preguntará durante la sesión de control a la ministra de Educación, Pilar Alegría, "hasta cuándo va a seguir mirando a otro lado".

La líder del partido naranja, Inés Arrimadas, interpelará a Pedro Sánchez para conocer si "cree que está haciendo lo suficiente para garantizar los derechos y libertades de los españoles". Vox ha registrado una interpelación urgente y sacarán a relucir esta cuestión durante la sesión de control al Gobierno.

Los de Abascal presentaron esta semana una batería de preguntas escritas al Gobierno para conocer qué acciones va a desarrollar la Alta Inspección de Cataluña para garantizar el derecho del niño, cómo va a garantizar el Ejecutivo su integridad ante el acoso que está sufriendo o qué va hacer para obligar al Gobierno catalán a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en español.

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Que la Comisión Europea investigue

El PP ha remitido esta semana una pregunta escrita a la Comisión Europea a través de su portavoz, Dolors Montserrat, para denunciar que el gobierno catalán perjudica la convivencia, la tolerancia y el respeto a la ley en Cataluña, acusando al consejero de educación catalán, Josep González-Cambray, de cometer un "flagrante acto de prevaricación" por no cumplir la sentencia del TS.

Vox ha registrado también este viernes a través de su jefe de delegación, Jorge Buxadé, otra pregunta a la Comisión Europea y una carta al comisario de Justicia europeo denunciando que el gobierno catalán "no respeta los derechos de los niños y sus familias a ser educados en su lengua materna".

"La discriminación lingüística en Cataluña ha llegado hasta tales extremos que con la connivencia de las instituciones regionales se acosa, verbal y físicamente", aseguran en el escrito, en el que interpelan a esta institución para conocer si "condena la vulneración de derechos fundamentales perpetrada por la Generalidad".

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La portavoz de Cs, Maite Pagazaurtundúa, trabaja para que Bruselas incluya en su informe de 2020 sobre el Estado de Derecho una investigación sobre España y el cumplimiento de los derechos civiles, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a hacer cumplir la sentencia del TS. De esta forma espera conseguir la implicación de la Comisión Europea para que pueda acabar lanzando un aviso a España, como ocurrió con la elección del CGPJ en España, o incluso sancionándola, como ha sucedido con Polonia y Hungría por los derechos LGTBI.

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