Irene Montero defiende contratar como asesores a imputados y condenados

Igualdad cree que no pasa nada por que Isa Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer cobren sueldos públicos a pesar de sus problemas con la justicia.

LD/Agencias

El Ministerio de Igualdad ha defendido la contratación como asesores de personas condenadas o investigadas por la justicia, como es el caso de las recientes incorporaciones de la portavoz de Podemos, Isabel Serra, condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y lesiones durante un desahucio en 2014 y de los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Meyer, pendientes de que se celebre un juicio contra ellos por presunta malversación y prevaricación.

Y lo ha hecho en respuesta a una pregunta del ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora en el Grupo Mixto del Congreso, quien pedía al Gobierno todos los detalles relacionados con el nombramiento de estas tres personas como asesores del departamento que dirige Irene Montero. En su iniciativa, este diputado cuestionaba que los ministerios ocupados por "podemitas" se estuvieran llenando de "afines" en puestos "inventados" que, a su juicio, "ni tienen labor relevante alguna ni justificación técnica pausible".

Cambronero se centraba en los casos de Serra, Sánchez Mato y Meyer, que el pasado mes de octubre se incorporaron al Ministerio de Igualdad para reforzar el equipo de Montero con vistas a la segunda etapa de la legislatura. Por ello, Cambronero pedía al Gobierno que le aclarase los criterios técnicos usados para contratar a Serra y Sánchez Mato como asesores y a Meyer como jefa de Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad que ahora ocupa Ángela Rodríguez. Además, preguntaba por las labores que van a ejercer, sus horarios de trabajo y sus salarios públicos y por "cuál es la utilidad para los ciudadanos de estos puestos de designación digital".

Pero a nada de esto ha respondido el ministerio que dirige Irene Montero que, en la escueta respuesta que ha trasladado al diputado tan solo explica se trata de puestos que realizan "funciones de confianza" y "asesoramiento especial" y cuya formación y experiencia "no es objeto de baremo" para su nombramiento. "Se encuentran previstos en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo y son retribuidos con cargos a los créditos presupuestarios consignados para es fin", añade.

A continuación