El Gobierno desprecia las críticas "corporativas" de los jueces y defiende su reforma porque "el Congreso es soberano"

En conversación informal, Calvo califica de "inaguantable" la actitud del PP pero elude responder a si se retiraría la reforma en caso de acuerdo.

Ketty Garat

El Gobierno iba de farol pero su órdago podría llegar a término. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Libertad Digital anticipaban hace días que la jugada de presentar una reforma del sistema de elección de los jueces rebajando la mayoría de 3/5 necesaria era "un amago", una forma de presionar al PP con quienes confiaban en llegar a un acuerdo "después de la moción de censura de Vox y antes de Navidades".

Las esperanzas empiezan a esfumarse en Moncloa y lo que hasta ahora definían como "plan B" ahora reconocen que "podría ver la luz" porque el PP "no da ninguna muestra de voluntad de diálogo" y porque creen que el Pablo Casado que saldrá de esa sesión parlamentaria el miércoles que viene "será un líder del PP mucho más tocado y cuestionado".

Señales que se suman a la sesión de control de este miércoles en el Congreso en la que según estas fuentes, "Casado ha dejado clarísimo que no pactará cuando ha dicho 'a mí no me presiona nadie y menos usted'". Es éste el motivo por el que el Ejecutivo empieza a vislumbrar que no haya acuerdo con el PP. "La pelota está en su tejado. Si mañana hay un acuerdo, adelante. La reforma se puede parar", admiten en el Gobierno sin demasiada confianza.

Calvo reivindica 'su' reforma

En este contexto se produjo este viernes una extensa conversación con periodistas en el Congreso por parte de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Según las fuentes consultadas, "Calvo fue quien redactó los 14 folios de la reforma que presentó Adriana Lastra". Con el objetivo de demostrar que el Gobierno va en serio y seguirá adelante con su reforma del Consejo General del Poder Judicial, la vicepresidente se indignó con las críticas a la misma porque "el Parlamento es soberano y todas las leyes orgánicas, fruto del trabajo legislativo, están supeditadas a él".

"Las únicas mayorías que hay que respetar son las que establece la Constitución", señaló Carmen Calvo en referencia a la elección de los 8 juristas por mayoría reforzada en las Cortes, a diferencia de los 12 jueces que se rigen por la Ley Orgánica que "está sujeta a cambios, como todas las leyes". Calvo defiende que es perfectamente comprensible que se busque esta alternativa porque "las mayorías del CGPJ están desfasadas y no son el resultado de las urnas por estar absolutamente desfasado desde hace más de dos años". Y se pregunta: ¿Esto no le molesta a nadie? ¿No hay urgencia? ¿Cuánto más tiene que esperar el Gobierno?".

Para Calvo, "esta cámara hace lo que tiene que hacer en cada momento con arreglo al resultado de las urnas". La número dos del Ejecutivo se ha explayado al denunciar la actitud del PP que "es inaguantable" después de "tres meses negociando, no hay forma humana. ¿Para qué vamos a esperar más?". Y ha despreciado las críticas vertidas por las asociaciones profesionales de la magistratura porque son "corporativas". "Desde el punto de vista corporativo uno puede opinar, pero desde el punto de vista constitucional no hay duda".

La vicepresidenta también ha insinuado que se podría seguir el mismo camino con el resto de órganos constitucionales: "Veremos todos, uno detrás de otro. Allí donde no haya que cambiar la ley no se cambia". Y ha defendido que fuera el grupo socialista y el grupo de Podemos quienes presentaran la proposición de ley y no a iniciativa del Gobierno porque "el poder concernido no es el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial, como bien demuestra el hecho de que Carlos Lesmes remitiera sus cartas al Congreso y Senado" instándoles a la renovación.

Un argumento que esquiva la cuestión temporal ya que, en el caso de haber sido presentado a instancias del Gobierno, se habrían dilatado los plazos al exigirse la consulta previa a los órganos consultivos. El Gobierno es consciente de que se ahorra unos informes preceptivos no vinculantes que previsiblemente recibirían el reproche del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque no de la Fiscalía.

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