El gobierno de Moreno y Marín sigue nombrando a posibles cómplices del 'susanismo'

Los denunciantes de la corrupción defienden a periodistas de las presiones de UGT.

Pedro de Tena

El rosario de nombramientos trenzado desde hace dos semanas por el gobierno de los Juanma, Juan Manuel Moreno y Juan Marín, de Partido Popular y Ciudadanos, respectivamente, sigue produciendo sorpresa, cuando no indignación o escándalo. Ahora, ha nombrado secretario de Turismo en la nueva consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Loca -que así se llama el búnker erigido por Juan Marín en la Junta- al exgerente de la Empresa Pública de Turismo Andaluz bajo el mandato de Susana Díaz, Manuel Muñoz.

El nuevo alto cargo del gobierno PP-Ciudadanos fue quien trató de despedir a uno de los empleados de la Empresa Pública de Turismo que, en su calidad de miembro de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios, CSIF, había propuesto la investigación de ciertas irregularidades de la empresa pública, como el suministro de agua de pozo no apta para el consumo humano a personas, de lo que informó el diario ABC.

Además, denunció la contratación de personas de las que la Junta no supo dar explicación de la idoneidad de su contratación, además de la adjudicación de contratos siempre a las mismas empresas, que añade este jueves Vozpópuli.

El resultado del intento de despido fue una sentencia judicial que lo anuló porque no vio más causa que la insistencia del empleado en solicitar información y en la denuncia que había interpuesto sobre las irregularidades observadas.

De hecho, el empleado F. P. comenzó a denunciar irregularidades en 2014 y en 2017 fue apartado "la comisión de dos faltas consistentes en los malos tratos de palabra y obra a superiores, compañeros o subordinados y la violación muy grave del derecho a a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, superiores y compañeros".

Lo sorprendente es que el nuevo Gobierno andaluz surgido de la coalición entre PP y Cs sigue insistiendo en despedir al denunciante, aunque el juez exige que el empleado sea readmitido, algo que aún no se ha producido.

Otro caso conocido es el del nombramiento de Asunción Alicia Lora López, nacida en Córdoba en 1960, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y funcionaria de carrera. Hasta ahora había sido secretaría general técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuando estalló el caso Infoca y el tema del cártel del fuego. Desde septiembre de 2015 fue consejera técnica de la Delegación del Gobierno en Córdoba.

Antes había sido secretaría general provincial de la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y otros puestos de carácter técnico en distintas consejerías.

Su carrera se la debe a la exalcaldesa socialista de Baena, María Jesús Serrano, que confió en ella como militante socialista, existiendo dudas acerca de si posee o no la condición de funcionaria como ella misma daba a entender en su currículo por los cargos ocupados, según fuentes de los denunciantes. Fue una de las que presionó de forma insistente al denunciante Jaime García, que fue el denunciante del caso del cártel del fuego.

Pues Jesús Aguirre Muñoz, el nuevo consejero de Salud por el Partido Popular, que es también de Córdoba, acaba de nombrarla secretaria general técnica de la Consejería de Salud y Familias.

A ello, recuérdese hay que unir los nombramientos escandalosos anteriores. El principal de ellos, por la dimensión de su repercusión, fue el Carlos Rodríguez Sierra que ha actuado como abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se hizo más que famoso cuando dijo a la Guardia Civil que lo que se había usado en el caso ERE era algo así como un "fondo de reptiles", lo que luego trató de negar.

Otra de sus famosas actuaciones fue ejercer la defensa de Francisco Javier García, alias El Cuco y su madre, Rosalía García Martín, en el caso Marta del Castillo. Es sabido que hace sólo unos días el juez Carlos Mahón Tabernero emitió un auto de procesamiento por presunto falso testimonio a Francisco Javier García, el Cuco, y su madre, al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de la joven sevillana en enero de 2009.

Ahora el juez entiende que "todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al Tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor Marta del Castillo".

También fue notable el caso de la abogada Elisa Fernández-Vivancos, designada por Ciudadanos y que apenas duró 24 horas en su puesto. ¿Problema? Que había sido nombrada como delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada sin tener en cuenta que había sido Letrada jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz en Granada.

¿Y por qué ha tenido que dimitir? Porque, al parecer, nadie reparó que mientras que fue letrada jefe de la Junta en Granada tuvo lugar la instrucción del caso Nevada. Recuérdese que el caso fue llevado tan pésimamente por la Junta que el representante que debía acudir a una de las vistas del juicio ni siquiera fue y el caso terminó costando a los andaluces la cantidad de casi 170 millones de euros como indemnización a un empresario, nada menos.

Otro caso que colea es el del nombramiento de Fernando Francés para el cargo de secretario general de Cultura ha sido denunciado por el PSOE e IU. El caso es que Francés está imputado en unas diligencias abiertas tras la querella de la Fiscalía en Málaga por un rocambolesco asunto de mosaicos grafiti colocados por el artista parisino conocido como Invader en edificios malagueños considerados Bienes de Interés Cultural con la oposición expresa de algunos propietarios.

El Mundo ya contó que el 12 por ciento de los 123 nombramientos que se formalizaron en el consejo del pasado martes, esto es, 15, se corresponde con personas que desempañaban cargos en el gobierno de Susana Díaz.

Presiones de UGT a periodistas

Hace sólo unos días, el secretario de comunicación de UGT Andalucía, Fernando Morillo García, mandó un escrito dirigido al presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, muy vinculado a las estructuras socialistas desde antiguo, solicitaba "el amparo" contra el periodista Pepe Fernández al que acusa de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra UGT-A y contra su secretaria general. Recuérdese que fue Libertad Digital quien denunció el caso de corrupción más grave del sindicalismo andaluz conocido como caso UGT, que actualmente está en los tribunales y en el que el PP ejercía la acusación particular.

Finalmente, la Asociación de la Prensa rechazó la pretensión de la UGT, pero los denunciantes de los numerosos casos de corrupción, entre los que se encuentra precisamente el que denunció a Libertad Digital el caso, Roberto Macías, ha firmado un comunicado en defensa de este periodista, un clásico de la radio andaluza.

Además de este firmante, hay otros, como el presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia; Paloma Coiduras Sánchez, denunciante subvenciones europeas Junta Andalucía y Comunidad valenciana; Jaime González, denunciante Cartel de Fuego; José Manuel Cantó Romera, denunciante Balsas de Fosfoyesos y Minas de la Zarza Huelva; Dolores Mesa, denunciante del fraude de la TGSS Cádiz y, por resumir y además incluso de guardias civiles, la Alianza Nacional Anticorrupción (ANA) (en constitución) y la Asociación Alianza contra la Corrupción.

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