Las mentiras sobre la Guardia Civil provocan un enfrentamiento en el separatismo

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dice que ella hizo lo mismo que el consejero Turull tras ser criticada por su antecesora.

Pablo Planas

El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, insiste en la versión de que impidió el paso de cinco agentes de la Guardia Civil al Palau. Según su relato, no podía permitir que miembros del Instituto Armado "camparan" por la sala gótica o el patio de los naranjos. En su cuenta de Twitter resumía así lo ocurrido en el Palau a cuenta de la requisitoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Germà Gordó y el 3%: "Colaboración con la justicia, toda. Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace seis siglos acoge a la Generalidad, ni una". Una foto acompaña el texto, la escultura de San Jorge derrotando al dragón en el patio del edificio. Los medios nacionalistas daban crédito y amplificaban la teoría de que el decidido consejero había amilanado a cinco guardias civiles de paisano que pretendían mancillar los muros del autogobierno catalán.

En cambio, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no había actuado de la misma forma, toda vez que a los agentes se les había franqueado el acceso a la sede de la "soberanía nacional" catalana sin problema de ningún tipo. El contraste resultaba tan estridente que la antecesora de Forcadell en el cargo, Núria de Gispert (de los democristianos separatistas), aseguraba que ella no los hubiera dejado entrar y subraya la gallardía de Turull al impedirles el acceso a la Generalidad.

Forcadell no tardó en improvisar una respuesta vía Facebook. Ella había hecho lo mismo que Turull, según las prolijas explicaciones y los guardias habían entregado sus pistolas en la entrada porque en la cámara no se admiten armas. Y también habían sido recluidos en un despacho a la espera de que se les proporcionara la información requerida, más datos sobre las actividades de Gordó cuando era el secretario del gobierno catalán (2011/13) y presunto cobrador de Convergencia por designación directa de Mas, según los testimonios de al menos cinco empresarios.

La trama de comisiones a cambio de obra pública era la causa por la que el juez del TSJC Carlos Ramos había ordenado la visita de los guardias y el fiscal José Grinda a la Generalidad, el parlamento y la consejería de Justicia, donde también entraron sin problemas. De esa consejería fue titular Gordó y ahora lo es Carles Mundó, uno de los duros de ERC.

Diferencias entre socios

Tan contradictorios relatos sobre lo ocurrido en unas y otras dependencias no casaban. Además, la Guardia Civil había desmentido las informaciones emanadas de la Generalidad sobre la encarnizada resistencia de Turull al "asalto". Las imágenes de los agentes y el fiscal departiendo con los mossos de la puerta de la Generalidad refutaban la versión de Turull, que esta mañana ya admitía que un guardia civil había accedido al interior de un despacho en la zona noble del edificio para revisar un ordenador. Aún así, insistía en la versión de que había impedido el "espectáculo" y la "humillación".

El aprovechamiento del episodio de la Guardia Civil enfrenta a los separatistas y renueva los recelos. El PDeCAT habría actuado con más contundencia que ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, todavía se resiste a estampar su firma en nada relacionado con el referéndum a pesar de haber asumido las competencias de procesos electorales. Entre medias, otra baja en un departamento del PDeCAT, la de la secretaria general de Enseñanza Maria Jesús Mier. Los convergentes atribuyen los requerimientos judiciales sobre la corrupción a las cloacas del Estado. Los republicanos constatan que el PDeCAT no sólo tiene el problema del 3% sino otro que se llama Gordó, exdiputado de la lista conjunta Junts pel Sí y que retiene el acta a pesar de haber sido expulsado del partido.

La corrupción, objetan en la formación de Junqueras, es un problema de mayor rango y que el PDeCAT trate de taparla con la independencia afecta a la organización y credibilidad del referéndum. En el que se hace llamar "gobierno de los valientes" persiste la división entre los convergentes y los consejeros de ERC, que acusan a Turull de haber intentado sacar partido de la situación a costa de Carme Forcadell y Carles Mundó.

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