El Congreso del PP andaluz se complica por los problemas de un cargo cercano a Arenas

La investigación judicial a 25 empresas vinculadas con el presidente del PP de Almería se conoce el día antes del congreso que preside Fátima Báñez.

Pedro de Tena

Desde 2012 se investiga la presunta "tela de araña" del PP de Almería que encabezaría su presidente provincial, presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, un hombre muy cercano a Javier Arenas, que pactó con Ciudadanos los gobiernos del PP en la provincia.

Este jueves, un día antes de la apertura del Congreso regional del PP andaluz, se ha sabido que la Fiscalía de Delitos Económicos ha solicitado la investigación de 25 empresas vinculadas al líder popular almeriense. La solicitud de la Fiscalía es del pasado 21 de febrero.

Escribe El País que se trata de firmas inmobiliarias relacionadas con familiares de este dirigente que recibieron desde 2003 decenas de licencias urbanísticas del municipio presidido por Amat, Roquetas de Mar.

La Fiscalía quiere los expedientes de las empresas bajo sospecha y para ello lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, que indaga desde 2012 si Amat benefició a un entramado de 103 sociedades relacionado con 53 parientes.

El Mundo subraya que la Policía diferencia entre las empresas que no tienen ningún tipo de relación con el Consistorio; aquellas otras cuyas relaciones se circunscriben a trámites administrativos sin entidad suficiente para considerar su investigación, y, por último, un tercer grupo formado por 25 empresas "con relaciones de mayor peso, referidas mayormente a acuerdos y licencias urbanísticas", que son las que se quieren investigar.

Sobrinos, cuñados...

Entre las empresas sospechosas están las de Francisco Javier Amat, sobrino de Gabriel Amat, al que su tío concedió licencias para ejecutar 465 viviendas a sus firmas Arkimedes Real Estate, Altos de Aguadulce, Global Asesores y Gestores inmobiliarios y Caniraga.

También sospecha la Fiscalía de las adjudicaciones de Amat a las firmas de su cuñado, Miguel Pintor Moreno. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar –con Amat en la alcaldía- dio licencias para construir 239 viviendas a sus sociedades Gofeman, Inversiones Prodamasa y Promociones Rysefe.

El fiscal Álvaro Navarro García duda de las adjudicaciones hechas a Andrés López, primo del mandatario. Roquetas de Mar autorizó construir viviendas a las sociedades relacionadas con López Agrupaejido y Haza de las Marinas.

Surponiente SA, un concesionario de coches que emplea a 89 trabajadores administrado por una hija de Amat y su marido, es otra de las firmas bajo el radar de la fiscalía. La sociedad, que vendió seis vehículos por 199.121 euros al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, recibió una licencia urbanística en 2008.

El fiscal pide en su escrito del pasado 21 de febrero que se abran 25 piezas separadas -una por cada sociedad- para indagar los presuntos delitos y se basa en informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional que investigó una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) que afirmaba que la trama de hasta 300 empresas habría succionado 100 millones de euros de las arcas de Roquetas de Mar durante 15 años.

IU y PSOE han exigido, de nuevo, la dimisión de Amat y la creación de una comisión municipal de investigación, respectivamente. Sin embargo, Amat dice estar "tranquilo" ante estas y otras denuncias, que forman parte de una "despiadada" persecución personal y política y recuerda que hasta el momento los tribunales siempre le han dado la razón.

Crisis provinciales

Hace apenas tres días, el PP de Granada daba a conocer públicamente la gravedad de su ruptura interna. Desde la imputación de su ex alcalde José Torres Hurtado, enfrentado mortalmente al presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, al que acusó en público de la conspiración que terminó con su investigación judicial, se conocía que la guerra interna era grave.

Sin embargo, el candidato alternativo vinculado a Torres Hurtado, que disputará la presidencia a Pérez en el próximo congreso provincial de junio, acusó a la actual dirección de amenazas de muerte y las registró ante notario, dándolas a conocer a la prensa días antes del comienzo del congreso del PP andaluz que se celebra en Málaga desde hoy hasta el domingo 19 de marzo.

El proceso electoral de compromisarios a este Congreso ha sido complicado en varias provincias, sobre todo en Sevilla, donde el PP está dividido entre los partidarios de Javier Arenas y los partidarios de Juan Ignacio Zoido, con la nominación del futuro alcalde de Sevilla como horizonte de confrontación.

A esto hay que unir el problema de las incompatibilidades estatutarias que afectan a tres presidentes provinciales del PP andaluz. En el pasado congreso nacional, se aprobó una enmienda a los Estatutos que impide a los presidentes provinciales ostentar cargos institucionales de nivel nacional.

Conocida es la oposición de Juanma Moreno a la acumulación de cargos, de lo que no da ejemplo cabal, y conocida es su estrategia de acoso a María Dolores Cospedal con el asunto de las incompatibilidades de por medio. Hasta el punto de que anunció proféticamente que alguien podría presentar una enmienda en tal sentido en el pasado congreso nacional, enmienda que efectivamente se presentó y que perdió por tan sólo 22 votos.

El problema de Juanma Moreno

Ahora, Juanma Moreno tiene ante sí el problema de, o bien aplicar estrictamente el nuevo Estatuto del Partido, o iniciar un camino de excepciones arbitrarias que lo anularía de hecho y pondría en duda su posición política respecto a las incompatibilidades.

De aplicarse con rigor, tres presidentes provinciales, el de Jaén, José Enrique Fernández de Moya; el de Córdoba, José Antonio Nieto, y el de Cádiz, deberían dejar sus cargos en el partido o dejar sus cargos institucionales que son, nada menos, que Secretario de Estado de Hacienda, secretario de Estado de Interior y delegado del Gobierno en Andalucía, respectivamente.

El problema saltó a la palestra cuando el primero de los implicados, Fernández de Moya, aseguró que el PP nacional, esto es, Cospedal y Mariano Rajoy, además de su jefe político en el Ministerio, Cristóbal Montoro, estaban de acuerdo en que su caso era excepcional y que tenía luz verde para presentarse nuevo a la presidencia del PP de Jaén, a pesar de los Estatutos.

Con este precedente, no cabe duda de que una posición firme de Juanma Moreno en este asunto conllevaría la apertura de nuevas crisis internas y seguir por unos años más sin controlar decisivamente todas las provincias del PP andaluz.

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