Aprobada, con la abstención del PP y C's, la ley de Memoria Histórica de Andalucía

Ni populares ni naranjas se oponen a una ley que impone la visión de la izquierda sobre lo ocurrido en la España republicana y la Guerra Civil

Pedro de Tena

"No fue una Guerra Civil, sino un golpe de Estado fascista", se gritó en la tribuna del Parlamento Andaluz durante el pleno en que se aprobaba ayer una Ley de Memoria Histórica que supera, con mucho, la apuesta partidista del ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los desacuerdos del público de izquierdas allí concentrado no fueron contra la intervención del PP, sino contra el discurso del portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero. Su pecado fue decir: "Hace 80 años se antepuso la ideología a las vidas".

Ya en la justificación de la ley se precisa con claridad cuál es su sentido y su enfoque principal: "Hasta ahora han sido insuficientes las disposiciones tendentes al conocimiento y reparación de los múltiples actos represivos que sufrió la oposición política y social al franquismo".

Tras años de tramitación y de negociaciones entre los grupos de izquierda andaluza, PSOE, IU y Podemos, el Pleno del Parlamento aprobó, con ayer, con los votos favorables de los grupos Socialista, Podemos e IULV-CA y la abstención de los Grupos Popular y Ciudadanos la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tras un debate final al que han asistido como público representantes de diferentes colectivos y asociaciones relacionadas con la materia.

La ley no contempla la investigación completa de lo ocurrido en España desde 1931 a 1939 y siguientes hasta 1982, sino que comienza su recuperación de la "verdad" especialmente desde el golpe militar del 18 de julio de 1936, algo sencillamente inexplicable sin conocer todo lo ocurrido, a derechas e izquierdas, en toda España, no sólo en Andalucía, desde 1931.

Curiosamente, a pesar de que amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República (14 de abril de 1931) hasta el 11 de enero de 1982, lo hace, no para incluir a todas las víctimas de los totalitarismos, fuesen los que fuesen, sino sólo para incluir a los que lucharon en Andalucía por la autonomía plena, esto es, al andalucismo de Blas Infante.

La consejera socialista de Cultura, Rosa Aguilar, procedente de Izquierda Unida, dijo que la ley aprobada está a la vanguardia de la recuperación de la Memoria. Añadió que la nueva Ley "es fruto del consenso y del diálogo y que tiene por vocación reconocer y reparar a las víctimas". Pero, aunque afirmó que se fortalece con ella la democracia y la convivencia, en realidad, su enfoque y su texto ha sido impuesto a PP y Ciudadanos que han optado por la abstención. De hecho, en su tramitación sólo se han acogido las enmiendas de Podemos y ninguna de las propuestas por el PP y Ciudadanos.

Una de las enmiendas triunfantes de Podemos ha sido la creación de un grupo de trabajo que actuará de forma similar a una "comisión de la verdad" que recogerá testimonios, documentos y otros datos con los que elaborará un informe que será remitido al Parlamento andaluz, al defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Estatal. Finalmente se remitirá al Congreso de los Diputados.

El texto aprobado, que será remitido ahora al Gobierno para su publicación en BOJA y su posterior entrada en vigor, incorpora las recomendaciones del Consejo Consultivo de Andalucía y amplía la consideración de víctima, incluyendo a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias de las víctimas directas y los niños o niñas robados.

La ley ahora aprobada es una vieja aspiración de Izquierda Unida que la pactó con el PSOE durante el tiempo que gobernaron en coalición desde 2011 hasta la convocatoria de elecciones y que nunca fue acelerada por el PSOE cuando pudo hacerlo. Ahora, Susana Díaz lo ha considerado conveniente, fortaleciendo su imagen de "izquierda" frente a la de chica del "Ibex 35" que Podemos se ha encargado de extender por Andalucía y España.

La socialista María Márquez acusó al PP de "esconder la verdadera razón" por la que no han aprobado la Ley y el diputado del PP Juan Ramón Ferreira ha subrayado la decepción de su partido ante la imposibilidad de conseguir un texto unánime y ha criticado que se haya optado por una ley "de mayoría" de izquierdas.

Ferreira añadió que su grupo no apoya la ley porque se extiende hasta 1982 cuando ya existía una Constitución desde 1978; porque se crean organismos "innecesarios" en la administración "paralela" y porque discrepan del enfoque que se da a la educación, poco integrador. Añadió que la sociedad tiene la obligación moral de apoyar la recuperación e identificación "de todas las víctimas".

Podemos, que se ha apuntado el tanto de la creación de la "comisión de la verdad", destacó la tardanza en llegar de la nueva ley y Ciudadano ha lamentado que no haya sido posible tener una ley "objetiva y de consenso" y ha lamentado que el PSOE la apruebe "con quienes están en contra de la unidad española, de la Constitución y con quienes parece que les sigue pareciendo mal la Transición".

Izquierda Unida, que recordó a Marcos Ana, dijo que, si bien es una ley autonómica, incluye "pasos" para abrir de nuevo el debate nacional.

Los elementos destacados de la nueva Ley de Memoria Histórica" andaluza son:

  • Dado que los crímenes son imprescriptibles, debe asegurarse su persecución universal y no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo", sostiene contra el criterio de la Ley Zapatero.
  • La Junta tendrá que actuar obligatoriamente para recuperar e identificar a las víctimas desaparecidas y confeccionar mapas de localización de restos. Igualmente, está obligada a actuar sobre terrenos en los que se suponga hay restos.
  • Habrá indemnizaciones para las víctimas, cuya figura se extiende, en resumen, a los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinación, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientación sexual, a aquellos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales represaliados; a las personas que ejercieron cargos y empleos o trabajos públicos de la Segunda República que fueron represaliadas, a aquellas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.
  • Se instituye un Día de "recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura", que se fija el 14 de junio, aunque se pretendía que fuera el 18 de julio.
  • La visión que la Ley tiene de la memoria histórica pasará a formar parte del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la educación permanente de adultos, además de incluirse en los planes de formación del profesorado, si bien no como asignatura. Por ejemplo, no podrá decirse en los textos que Lorca murió en Granada, sino que habrá que especificar que murió asesinado por el fascismo. Nada se dice sobre cómo se contará que José María Hinojosa, otro miembro de la generación del 27, fue asesinado por los milicianos de izquierda en Málaga en el mismo tiempo.
  • Reglamentariamente, habrá un manual de estilo sobre lenguaje y tratamiento de la información. Pero se aplicará sólo al conocimiento de los hechos represivos llevados a cabo por el franquismo.
  • Se instauran multas desde 200 a 150.000 euros que castigarán la realización de excavaciones sin autorización, la destrucción de fosas o la no conservación de nuevos enclaves como Lugar o Sendero de Memoria Democrática de Andalucía. También se multarán a los responsables de actos públicos en los que se menoscaben de la dignidad de las consideradas como víctimas o hagan homenajes al franquismo.
  • Se concreta la actuación sobre los símbolos franquistas dando un plazo de 12 meses para que sean retirados –también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público– y elimina las razones artísticas para conservarlos, algo que la ley de Zapatero consentía.
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