Desconexión en marcha: Junts pel Sí y la CUP registran la ley de la hacienda propia

Los grupos separatistas persisten en la desobediencia y la escenifican presentando las normas y organismo tributarios de la "república independiente".

Pablo Planas (Barcelona)

En medio de la ruidosa sublevación del separatismo, los grupos de Junts pel Sí y la CUP han registrado este viernes en la cámara autonómica la segunda de las leyes de desconexión. Antes de aprobar las conclusiones de la "comisión de estudio del proceso constituyente", ambos grupos ya presentaron la ley de la agencia protección social, lo que pretende ser la Seguridad Social de la república. Ahora ha sido el turno de la segunda norma de desconexión, la de la hacienda catalana, que se debatirá en pleno a la vuelta de las vacaciones. Si prospera, Cataluña tendrá "Agencia Tributaria", "Junta de Tributos" y "Consejo Fiscal". 

La tercera ley, relativa a la transitoriedad jurídica entre la legalidad democrática y la república catalana será la próxima y última del apartado "legislativo" del golpe de Estado y en su confección se utilizarán los informes que realizara el extinto "consejo nacional para la transición".

De esta manera, los 62 diputados de Junts pel Sí y el ejecutivo presidido por Carles Puigdemont cumplen con los requisitos y plazos marcados por los diez diputados antisistema y se garantizan su voto en la cuestión de confianza a la que se someterá el "president" el próximo 28 de septiembre.

El gesto de hoy pretende reafirmar el estado de insumisión y desobediencia instalado en el parlamento el pasado miércoles, cuando las formaciones separatistas dieron luz verde a la aprobación de las tres fases de la denominada "desconexión". A pesar de la interlocutoria del Tribunal Constitucional, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, con el respaldo de Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, dio curso a la votación, en lo que fue un acto de desobediencia en toda regla al Tribunal Constitucional.

El documento aprobado prevé la creación de una "asamblea constituyente" tras un proceso "unilateral", una asamblea que directamente estaría por encima de cualquier otro poder y que, literalmente: "La Asamblea Constituyente dispondrá de plenos poderes. Sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para el resto de poderes públicos, personas físicas y jurídicas. Ninguna de sus decisiones será susceptible de control, suspensión o impugnación por parte de otro poder, juzgado o tribunal".

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