El Ayuntamiento de Parla maquilló los sobresueldos para poder seguir pagándolos

Un informe presentado ante el Tribunal de Cuentas por la intervención del propio consistorio revela cómo se maquillaron los sobresueldos ilegales.

C.Jordá

A mediados de 2012 la viceinterventora del Ayuntamiento de Parla mandó al Tribunal de Cuentas un informe que se ha hecho público este martes y que describe detalladamente el mecanismo de maquillaje que se utilizó desde el consistorio para seguir pagando los sobresueldos a empleados municipales, a pesar de que habían sido prohibidos por la Delegación del Gobierno.

De hecho, los pagos se hicieron incumpliendo un acuerdo del propio Ayuntamiento, que el 16 de enero de 2009 se reunió en Junta de Gobierno extraordinaria para modificar los aspectos del convenio colectivo que habían sido denunciados por la propia Delegación del Gobierno de Madrid, como se recordará entonces en manos del PSOE.

Los sobresueldos habían sido puestos en marcha por Tomás Gómez antes de dejar la alcaldía de Parla, de la que salió a finales de 2008, pero este plan de maquillaje de las cuentas se desarrolla siendo ya alcalde su sucesor, José María Fraile.

Más de 400.000 euros al año

Según consta en el informe de la intervención municipal, el mecanismo fue bastante sencillo: las partidas se cambiaron de nombre, pero seguían siendo las mismas y se destinaban a lo mismo, a los sobresueldos que ya estaba claro que eran ilegales.

El llamado "fondo social" que estaba dotado con más de 300.000 euros se convirtió en "retribuciones en especie", mientras que el "fondo de absentismo", de unos 85.000 euros, pasó a ser "productividad o premio". En total, el procedimiento se mantuvo durante cuatro años, desde 2009 hasta el 2012, lo que supone que el dinero gastado irregularmente supera holgadamente el millón de euros.

La interventora comenta también que el mecanismo se desarrolló sin ofrecer a la propia intervención la información necesaria y preceptiva, como tampoco se le había informado de que el abogado del Estado había requerido la anulación de los aspectos ilegales del convenio de personal.

Del mismo modo, tampoco las modificaciones acordadas el 16 de enero de 2009 fueron informadas a la intervención. Y por supuesto, no se le dio noticia alguna de que dichos acuerdos se estaban incumpliendo, de hecho la interventora señala en su escrito al Tribunal de Cuentas que "de los informes emitidos por la responsable de Departamento se deducía la correcta aplicación de estos acuerdos".

La interventora llega a advertir que los fondos "deben reintegrarse", es decir, que los trabajadores del Ayuntamiento de Parla que recibieron esos pagos deberían devolverlos al municipio.

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