El Ayuntamiento de Colau anula cinco multas al fondo que ha logrado que la imputen por coacciones

Notifica ante la justicia que renuncia a cobrar los más de 400.000 euros de multas por supuestos incumplimientos de las leyes de vivienda.

Pablo Planas (Barcelona)

La representación letrada del fondo de inversión Vauras Investment ha recibido un auto judicial en el que se notifica la cancelación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de cinco procedimientos sancionadores que sumaban un total de 420.000 euros. Vauras Investment es la compañía que ha denunciado por coacciones a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los concejales de Vivienda, Lucía Martín, al del distrito de Sants-Montjuich, Marc Serra, y a Fuensanta Alcalá, responsable de un departamento llamado "Disciplina de Vivienda e Inspección".

ada-colau-30032022.jpgColau, imputada por coacciones y prevaricación en la defensa de unos okupas

Un juzgado de Barcelona rechazó una primera denuncia del fondo de inversiones contra la alcaldesa Colau, pero prosperó un recurso en la Audiencia Provincial, que ha ordenado investigar a los mencionados cargos municipales por coacciones y prevaricación.

Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando se desalojaron por orden judicial y al sexto intento unos pisos okupados en un edificio conocido como Bloc Llavors. El Ayuntamiento pretendía que la propietaria del inmueble, el referido fondo de inversión, procurara a cambio del desalojo nuevos pisos de alquiler social para los okupas. Ante la renuencia de Vauras Investment a acceder a esas exigencias, la administración municipal abrió cinco procesos sancionadores por supuestos incumplimientos en las normativas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Ahora, la gerencia municipal de Vivienda desiste del cobro de las multas, alguna de ellas en fase de embargo, y lo ha comunicado en cinco juzgados distintos, pues este proceso es paralelo al de la denuncia admitida a trámite contra Colau, informa Crónica Global.

Con la renuncia se pretendería desarmar la querella del fondo de inversiones, pero la firma alega que el Consistorio actuó a favor de los okupas en otros inmuebles adquiridos por la firma y que esa situación le obligó a renunciar a sus proyectos en Barcelona y perder 35 millones de euros.

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