El doble rasero de Colau: ahora sí exige el desahucio… de unos veteranos de la Legión

La alcaldesa de Barcelona, contraria a los desalojos forzados, quiere que los exlegionarios sean expulsados de un local público por "franquistas".

Pablo Planas

El asalto y abuso de la propiedad ajena está bien siempre que quien cometa el delito sea de la cuerda ideológica de las autoridades municipales. Así, el Ayuntamiento de Barcelona ha salido en defensa no pocas veces de personas que habían ocupado de manera ilegal pisos, almacenes o bajos comerciales. Sin embargo, no pasa lo mismo si quienes se resisten a abandonar una propiedad pública son otros, como por ejemplo una asociación de antiguos caballeros legionarios que ocupaba un pequeño especio en los cuarteles de Sant Andreu de la capital catalana.

Para Ada Colau, no se deben tener contemplaciones. Si estuviera en su mano, procedería con todo el peso de la ley y de la fuerza pública para expulsar a los exlegionarios. Para Colau, son representantes del "franquismo" y defienden un "régimen criminal". Los veteranos de la Legión resumen para la alcaldesa lo peor de lo peor y hasta han llegado a participar en procesiones de Semana Santa en Cataluña. Colau no tiene dudas: "Son nostálgicos del franquismo", dice, y a diferencia de las entidades que a ella le gustan no deberían tener "tratos de favor".

Se refiere Colau a que ha vencido el plazo de la cesión del local en el que aún están los veteranos, unas instalaciones propiedad del Consorcio de la Zona Franca (CZF) que fueron puestas a disposición de la hermandad legionaria en 2013, cuando el PP dirigía dicho consorcio. Ahora, con los socialistas al frente, el CZF pide a los veteranos que abandonen el local y se niega a facilitarles otro emplazamiento.

Según Colau, si el lugar fuera de titularidad municipal, ya habría requerido en los tribunales el desalojo, pero el CZF se lo ha tomado con más calma. Ha denunciado a los exlegionarios, pero de momento no ha solicitado el desahucio. Para la alcaldesa, existe un "trato de favor" para una entidad que según su criterio no es democrática y que fue favorecida por el PP "sin ningún procedimiento público y de forma arbitraria".

La alcaldesa ha eludido referirse a los grupos de okupas de extrema izquierda que han convertido Barcelona en una suerte de paraíso de la ocupación ilegal al decir de la oposición municipal.

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