El juez envía un escrito para frenar la extradición del 'Pollo' Carvajal mientras investiga la financiación de Podemos

Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que el escrito de García Castellón ha sido remitido a la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Miguel Ángel Pérez

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha remitido un escrito a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal y a la Policía para frenar la extradición del ‘Pollo’ Carvajal a Estados Unidos mientras investiga la presunta financiación ilegal del Podemos.

Este miércoles, la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordaba hacer efectiva la entrega del que fuera jefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, una vez que ha adquirido firmeza la denegación de asilo en vía administrativa. No obstante, el magistrado García Castellón ya había reabierto el caso sobre la financiación ilegal de Podemos gracias a la información aportada por Carvajal y había decidido citarle como testigo de nuevo el próximo miércoles 27 de octubre.

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Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el escrito remitido por García Castellón comunica la investigación en curso abierta gracias al testimonio de Carvajal "a los efectos oportunos". Ahora, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que preside el magistrado Alfonso Guevara tendrá la última palabra. En el caso de que no se tenga en cuenta el escrito del instructor, Carvajal podría ser extraditado en cuestión de horas o días.

En una providencia conocida hoy, los magistrados de la Sección Tercera acordaban que Carvajal quedase a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional que debe materializar la entrega y libraban oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director del centro penitenciario en el que se encuentra.

Carvajal está reclamado en Estados Unidos para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada.

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Fuentes de la defensa de Carvajal consultadas por LD aseguran que ya han presentado un recurso de revisión este mismo miércoles ante el Ministerio del Interior tras rechazar el primer recurso sobre la petición de asilo. Además, aún queda pendiente otro recurso ante la Sala Tercera del Supremo.

Este último recurso presentado se basa en el artículo 410 del Código Penal: "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

También hace referencia al artículo 410 de la Ley Enjuiciamiento Criminal: "Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley".

La financiación ilegal de Podemos

Tal y como desveló este diario, Carvajal hizo referencia durante su comparecencia a las presuntas irregularidades cometidas por Podemos, salpicando al exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias, en su condición de cofundador, y apuntando además textualmente a Juan Carlos Monedero, como pieza clave de la supuesta financiación ilegal de la formación morada.

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Además, se refirió a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como la piedra angular de la corrupción del régimen chavista, "la caja chica". En este contexto, habría especificado que desde PDVSA se realizaron "entregas de entre 100.000 o 200.000 euros" a dirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero con el objetivo de financiar a la formación morada. También se habría destinado dinero de PDVSA para financiar organizaciones terroristas.

Desde entonces, el jefe de Inteligencia de Hugo Chávez ha entregado al juez los contratos que firmó el dictador venezolano con la fundación CEPS de Podemos, de la que formaban parte los citados Iglesias, Monedero o Errejón.

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