"Vendidos" ante los violentos y sin gabinete jurídico, la indefensión que denuncian los Mossos

El gobierno separatista trata de silenciar las críticas del cuerpo autonómico anunciando un refuerzo "insuficiente" de más agentes.

Esmeralda Ruiz

Representantes del cuerpo de Mossos d’Esquadra vuelven a expresar su hartazgo ante los parches que trata de poner el gobierno separatista para silenciar el malestar que llevan meses trasladando a la cúpula de Interior. Este viernes, representantes de varios sindicatos se han reunido con el consejero del ramo, Joan Ignasi Elena, quien sorprendentemente ha defendido la necesidad de "despartidizar el debate sobre la seguridad pública".

La desesperación de los agentes ante lo que consideran una situación de "abandono" ha motivado que hasta 13 sindicatos de la policía autonómica y policía local hayan convocado una manifestación de protesta el próximo 23 de octubre que partirá desde el Parlamento catalán y acabará en la sede del gobierno autonómico. "Hace demasiado tiempo que los cuerpos policiales en Cataluña hemos llegado al límite", lamentan los agentes en el comunicado de convocatoria.

Los motivos son múltiples pero entre los más alarmantes está la decisión del consejero de Interior de dejarles sin gabinete jurídico. A partir de ahora, según volvió a defender en un pleno esta semana el presidente, Pere Aragonès, su defensa penal será asumida por los letrados de la consejería de Presidencia como el resto de funcionarios. Una decisión que sindicatos de Mossos como USPAC ya calificaron en declaraciones a esRadio cuando se deslizó esta posibilidad de "esperpéntica". Ahora "serán ellos desde Presidencia quienes puedan decidir qué casos se presentan y cuales no, tanto de desórdenes públicos como de atentados contra agentes de la autoridad".

La maniobra forma parte del peaje que tendrá que asumir ERC por su acuerdo con la CUP a cambio de mantener en pie la legislatura. En el mismo pack de revisión del modelo policial en el que se exigía "desmontar el cuerpo de abogados" del departamento de Interior se incluye que la Generalidad retire todas "las acusaciones particulares contra manifestantes" separatistas así como eliminar los ficheros policiales y el seguimiento o tareas de identificación de violentos que hayan participado en cualquier protesta.

Lejos de dar marcha atrás, el consejero de Interior trataba de chantajear esta semana a los policías con una ampliación de plantilla: 860 nuevos agentes de Mossos durante 2022. Un anuncio que para Aragonès resolverá muchos de los problemas del cuerpo pero que es claramente insuficiente para los sindicatos de la policía autonómica que han vuelto a denunciar que el gobierno de ERC y Junts esté "secuestrado por la CUP", según el portavoz sindical de USPAC, Albert Palacio, en declaraciones a Libertad Digital.

Violencia contra agentes

Otro de los motivos que ha irritado a los agentes de la policía autonómica ha sido el rechazo de los socios separatistas a una propuesta de resolución votada la semana pasada en la cámara catalana instando a "condenar las agresiones dirigidas al cuerpo de Mossos, policías locales y servicios de emergencia en los últimos meses". Texto promovido por el PSC en el que también se pedía garantizar "plena cobertura" a los agentes con medidas como la tramitación judicial de todas las denuncias por actuaciones contra la autoridad.

Diputados de ERC y de Junts se reunieron el jueves con responsables de los sindicatos de Mossos para acercar posturas aunque desde USPAC, Albert Palacio ha tachado este encuentro de "nefasto". A través de un comunicado, los sindicatos presentes en la cita han denunciado que ni ERC ni Junts "tienen ninguna intención por tramitar judicialmente las denuncias por actuaciones contra agentes" y que por lo tanto "estamos vendidos".

Multas a separatistas sin tramitar

Desde el gobierno catalán también guardan silencio respecto a la no tramitación de más de 1.200 actas que levantaron los Mossos durante el pasado año y que en su mayoría corresponden a marchas convocadas por el independentismo, en concreto denuncias contra agentes de la autoridad. Preguntado por este asunto en la sesión de control por Salvador Illa y por si se sancionará a los responsables de ocultar estos expedientes, el presidente Pere Aragonès trató de escapar a una respuesta afirmando que "nos haríamos un favor a todos si no nos echamos la seguridad por la cabeza".

Desde el cuerpo de Mossos sostienen que la actuación por parte del gobierno separatista supone una "merma de autoridad" para la policía después de jugarse el tipo en muchas de esas manifestaciones con carácter violento. "Es muy triste que se llegue a esto, das la cara y después nadie acaba de rematar tu trabajo", afirmaba hace una semana el portavoz de USPAC respecto a este asunto en declaraciones a esRadio.

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