El Gobierno vasco se hace con el control de las tres cárceles vascas y del futuro de 67 etarras

Las víctimas desconfían de los nacionalistas del Gobierno vasco, que lleva meses hablando de que el mayor número de presos posible esté en la calle.

J. Arias Borque

Los tres centros penitenciarios ubicados en el País Vasco ya están bajo el control del Gobierno de Vitoria. De este modo, la comunidad vasca se convierte en la segunda región española que gestionará las prisiones ubicadas en su territorio –Cataluña tiene esta competencia transferida desde diciembre de 1983–, una posibilidad que venía recogida en el Estatuto de Autonomía de Guernica, aprobado en 1979.

Este viernes 1 de octubre se completa el acuerdo alcanzado en abril entre la administración central y la vasca, parte del peaje político pagado por el Ejecutivo Sánchez a los nacionalistas por el apoyo que el PNV le da en el Congreso de los Diputados en momentos clave. Un pacto cuya cuantía podría cuantificarse en algo más de 70 millones de euros y que, además, entrega la titularidad de las cárceles de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa).

Para más inri, el Ministerio del Interior pagará íntegramente la construcción de la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que cuando esté terminada pasará a titularidad autonómica en sustitución de la de Martutene, que entonces volverá a manos del Gobierno central. El coste de esta cárcel es de 39 millones de euros –según el pliego de construcción aprobada el pasado mes de marzo– y la previsión es que esté finalizada en primavera de 2023.

Con el control de estas prisiones, el Gobierno vasco también pasará a controlar buena parte del destino de los aproximadamente 1.300 presos que hay en su interior. Entre ellos, según los datos que ha podido recabar Libertad Digital, hay 67 que pertenecen a la organización terrorista ETA, todos ellos acercados en los últimos años, desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa.

Exactamente, hay 22 en la prisión alavesa de Zaballa, 9 en el centro penitenciario de Basauri, 13 en la cárcel de Martutene, uno en el ala psiquiátrica del centro hospitalario Aita Menni de Mondragón (Guipúzcoa) y otro en el centro Besarkada Etxea, en Vitoria, destinado a personas con un VIH avanzado que no cuentan con apoyo familiar. Otros ocho etarras se encuentran en libertad vigilada en sus domicilios por diferentes circunstancias personales.

A estos números hay que sumar los traslados aprobados pero que, por cuestiones burocráticas, todavía no han hecho efectivos. Son otros 13. Se trata de 6 terroristas de ETA cuyo cambio de cárcel al País Vasco fue aprobado el pasado 31 de agosto (2 irán a Zaballa y 4 a Basauri) y los 7 etarras cuyo traslado a prisiones vascas ha sido aprobado este miércoles 29 de septiembre (1 a Zaballa, 4 a Basauri y 2 a Martutene).

Las víctimas del terrorismo llevan meses preocupadas por lo que pueda significar el hecho de que el futuro de estos etarras dependa del PNV, sobre todo porque algunos dirigentes del partido nacionalista llevan tiempo anunciando que su política de prisiones se centrará en tratar de que el mayor número de presos estén en la calle para readaptarse a la sociedad. Temen que esto signifique que los etarras salgan por la vía rápida.

La consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, lo dejó claro hace unos meses durante un pleno monográfico sobre prisiones en el Parlamento de Vitoria, en el que dijo que la prisión será una "opción extrema" que se empleará cuando "no exista otra alternativa". El objetivo de su plan es que el 40 por ciento de los presos puedan cumplir sus penas en régimen abierto, una cifra sensiblemente más alta que el 28 por ciento que se da en todo el territorio nacional.

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