La ley del 'sólo sí es sí' de Montero es "propaganda para arrojar presunción de criminalidad sobre los hombres"

Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital alertan del "problema de prueba" que provocará en los juzgados la nueva Ley de Libertad Sexual.

Miguel Ángel Pérez

Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que la llamada ley del 'sólo sí es sí' de la ministra de Igualdad Irene Montero es "propaganda para arrojar presunción de criminalidad sobre los hombres".

El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada la ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", que queda redactado de la siguiente manera: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD alertan del "problema de prueba" que provocará en los juzgados la nueva Ley de Libertad Sexual por el concepto abstracto y confuso de "consentimiento claro" que recoge la norma. "Va a ser la palabra de una persona contra la de otra. No existe ninguna forma de poder acreditar ante un juez que ha habido o no un 'consentimiento claro' salvo que se haya firmado un documento", explican.

"La Ley tiene muchos defectos técnicos y realmente no aporta mucha novedad, ya que la mayoría de las conductas delictivas sexuales ya estaban reflejadas. Con la deficiente redacción de alguno de sus preceptos se pretendía agravar ciertas conductas y se conseguía lo contrario", añaden. Precisamente, sobre los graves defectos técnicos de la Ley elaboró un amplio informe el CGPJ. Dichos errores apenas han sido subsanados o maquillados.

"Esta Ley es un mensaje propagandístico y político para arrojar una presunción de criminalidad sobre el hombre. Vulnera la presunción de inocencia que recoge nuestra Constitución. Sólo se han efectuado algunos cambios nominales como eliminar el concepto 'abuso sexual' y que todo sean 'agresiones sexuales' con diferente tratamiento penológico", concluyen.

Desde el Ministerio de Irene Montero han afirmado que, con la nueva Ley, las víctimas "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". De esta forma, se entiende que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión" y se "eliminan" los abusos sexuales del Código Penal.

Las principales novedades

Con esta norma, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación. Además, la Ley amplía en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista.

Contempla futuros cambios en el Código Penal con horquillas más amplias en las penas para "dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias". Según el Ministerio de Igualdad recoge "un catálogo de agravantes específicos, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima" en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

Entre esos nuevos supuestos penales estará el delito sexual callejero, que podrá castigarse con trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. La norma establece que será autor de un delito leve quien se dirija "a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Otros puntos incluidos en la ley son la protección de las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa "todas las violencias, todas las mujeres" y la actuación contra los proxenetas al permitir perseguir a quienes de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas. También incluye medidas para proteger a las víctimas durante el juicio y recursos para las mujeres que hayan sufrido violencia sexual aunque no denuncien, como centros de crisis 24 horas.

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