Marlaska acerca a cuatro etarras más, incluida Amboto, una de las jefas de ETA

También cambian los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero. Interior casi ha cambiado de prisión a todos y cada uno de los presos etarras.

J. Arias Borque

Un viernes más el Ministerio del Interior sigue acercando a los terroristas de ETA que cumplen condena a prisiones del País Vasco o Navarra o más próximas a estas comunidades autónomas que las cárceles en las que se encuentran en estos momentos. Así se lo han hecho saber a las asociaciones de víctimas desde la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, que forma parte de la estructura del departamento de Fernando Grande Marlaska.

En total, desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa se han producido más de 230 movimientos de etarras, que han afectado a 192 terroristas. Lógicamente, algunos de ellos han sido trasladados en más de una ocasión. Casi 60 han llegado durante este tiempo a prisiones que se encuentran en las comunidades autónomas vasca o navarra. 90 de ellos tienen delitos de sangre –condenados por 228 asesinatos–.

Entre los movimientos de este viernes destaca el de María Soledad Iparraguirre Anboto, quien fuera una de las jefas de ETA, que estaba en Madrid de forma provisional porque todavía tiene 6 juicios pendientes en la Audiencia Nacional. "Este traslado supone en las víctimas del terrorismo un sentimiento de humillación y tristeza difícil de explicar", han señalado este viernes desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

"Desde la AVT no entendemos como una terrorista con su historial delictivo, y con varias causas aún pendientes con la justicia, en las que la AVT está personada como acusación popular, vaya a ser acercada con sus familiares sin haber colaborado con la justicia y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, algo que ya hemos podido comprobar en primera persona en nuestra asociación en sus últimos juicios", ha añadido desde esta asociación.

Los cuatro terroristas que cambiarán de prisión en los próximos días son María Soledad Iparraguirre Anboto, José Ignacio Cruchaga Elezcano, Alberto Viedma Morillas y Francisco Ruiz Romero

María Soledad Iparraguirre Anboto. De la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) a la prisión de Álava. Fue condenada a 39 años de cárcel por el asesinato en junio de 1985 del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez. También fue condenada a 61 años de cárcel por ordenar dos atentados terroristas, una de ellas el atentado contra los policías Rafael Leiva y Domingo Durán que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao el 13 de enero de 1995. Además, fue condenada a 11 años de prisión por el atentado perpetrado contra una entidad bancaria de Guecho (Vizcaya) en 1994. También fue condenada a 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado, el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León. Aún le quedan por lo menos 6 juicios.

José Ignacio Cruchaga Elezcano. De cárcel de Almería a la prisión de León. En 2002 la Audiencia Nacional le condenó a 54 años de prisión como responsable del asesinato de Juan Miguel Gervilla el 20 de diciembre del 2000 en Barcelona. También en el 2002 fue condenado a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch el 21 de noviembre del 2000 en Barcelona. Además, en el 2003 fue condenado a 34 años y 6 meses de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de José Luis Ruiz Casado el 21 de septiembre del 2000 en Barcelona.

Alberto Viedma Morillas. De la cárcel de Almería a la prisión de Topas (Salamanca). En 2003 fue condenado a 30 años de prisión como responsable del asesinato de Tomás Caballero el 6 de mayo de 1998 en Pamplona. En 2004 fue condenado a 30 años de prisión como autor del asesinato de Francisco Casanova el 9 de agosto del 2000 en Berriozar (Navarra). También fue condenado por el intento de homicidio del subteniente del Ejército José Díez Pareja en la localidad navarra de Cizur Mayor en 2001.

Francisco Ruiz Romero. De la cárcel de Murcia a la prisión de León. Fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato en 1998 de Tomás Caballero en Pamplona.

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