Bruselas investigará este mes el aviso de 2.500 jueces españoles sobre los "riesgos" del Estado de derecho

La Comisión abordará la queja de 2.500 jueces con el Gobierno y representantes judiciales.

LD/Agencias

La Comisión Europea estudia la carta remitida por tres de las principales asociaciones de jueces en España para alertar de posibles riesgos del Estado de derecho por reformas legislativas recientes y prevé abordar la cuestión a finales de abril con los propios magistrados y otros actores del mundo judicial. También está previsto que lo hable con el Gobierno, en el marco de la evaluación anual del sistema en cada Estado miembro.

"Hemos recibido la carta de los jueces españoles que estudiaremos con atención y responderemos en el menor plazo posible", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.

El portavoz ha añadido que este y otros asuntos relacionados con el sistema judicial en España serán abordados durante la "visita virtual" que los servicios comunitarios tienen previsto realizar a España "a finales de mes".

Con todo, Wigand ha precisado que estos contactos no son consecuencia de la carta recibida esta misma semana, sino que forman parte del examen anual que la Comisión realizada de cada Estado miembro y que ya estaba prevista para este mes en el caso de España.

Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press apuntan que se trata de contactos principalmente "a nivel técnico" y que, a falta de cerrar la agenda, esta ronda de contactos virtuales tendrán lugar entre el 29 y el 30 de abril.

Las quejas de los jueces

La carta ha sido impulsada por tres de las cuatro asociaciones judiciales, APM, Foro Judicial y Francico de Vitoria; la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado. Las asociaciones recurren a Europa por su "inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España", tras dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos.

La primera es el intento de controlar el CGPJ con la propuesta de que los vocales se elijan por mayoría simple y no reforzada en las Cámaras, a la que se refieren como "una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento", lo que supone "el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".

Y otra, ya aprobada, que impide los nombramientos cuando el Consejo esté en funciones y reduce sus funciones "a aspectos meramente burocráticos", en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial a la que tildan de "Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ".

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