Denuncian al presidente de Plus Ultra y a sus máximos accionistas venezolanos por corrupción en los negocios

En la denuncia, a la que ha tenido acceso LD, el sindicato Manos Limpias apunta que el Gobierno rescató a Plus Ultra por una "motivación política".

Miguel Ángel Pérez

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia por delitos de corrupción en los negocios y delito al mercado y a los consumidores contra el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Fernando García Manso, y contra los máximos accionistas venezolanos de la compañía, José Reyes Rojas, y Raif El Airigie Harbie, a través de sus sociedades, Snip Aviation y Flyspain.

El Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescataron a Plus Ultra con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, remitida al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Manos Limpias recuerda que ya formuló una denuncia previa el pasado 25 de marzo contra el presidente, en funciones del SEPI, Bartolomé Lora Toro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

"Con posterioridad", añade la denuncia, se ha tenido conocimiento de que "tres bancos rechazaron financiar a la compañía Plus Ultra, aunque hubiera aval del ICO y que el Gobierno a través de la Embajada Española en Venezuela retiró la petición que se había hecho en favor de Iberia y Air Europa" y que se han realizado declaraciones del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA afirmando que se ha producido "una discriminación, y se ha concedido un monopolio a la línea Plus Ultra y que se desconocen las razones para declararle estratégica".

Según la denuncia, "se ha vulnerado la proporcionalidad de la ayuda. El punto 54 del Marco Temporal de Medidas de ayuda estatal para respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19 elaborado por la Unión Europea, establece que para garantizar la proporcionalidad de la ayuda, no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario".

"Además, el Fondo de ayudas a la solvencia a empresas estratégicas, se dirige a compañías que no estuvieran en dificultades financieras antes del 31 de diciembre. Y esta empresa tenía acumulada una deuda de más de 10 millones de euros", sostiene el escrito.

Por ello, la denuncia concluye que "el rescate a la aerolínea Plus Ultra apunta a una motivación política y no económica y se incide además, de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en otros ilícitos penales".

La querella de Vox contra el Gobierno y la SEPI

Hace apenas tres semanas, Vox presentaba una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la aerolínea, al considerar que habrían cometido varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento.

La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, presentaba la denuncia ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de los miembros del Consejo de Ministros contra los que se dirige, además del Consejo Gestor del Fondo para las ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por rescatar a la compañía con 53 millones de euros.

En la querella se acusaba a Plus Ultra de no reunir los requisitos establecidos por la Ley para ser beneficiaria del rescate al no ser una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni haber registrado pérdidas ocasionadas por el COVID, ya que las acarrea prácticamente desde su creación.

El partido acompaña la denuncia con documentación que acredita la vinculación de la empresa con entidades de capital extranjero, como SNIP AVIATION, S.L., FLYSPAIN, S.L., o SKY SOLUTION, S.L. entre otras, que podrían indicar la existencia de un entramado societario en la que estaría integrada, y cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.

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