La plaza de funcionaria del Estado de Laura Borrás, la autoproclamada "enemiga pública número 1" del Estado

Laura Borràs, presidenta del parlamento catalán que quiere liderar un nuevo "embate", prefiere ser funcionaria estatal que de la Generalidad.

Pablo Planas (Barcelona)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, encarna como nadie hasta ahora la doble moral de muchos de los dirigentes del proceso separatista, unos revolucionarios de salón que no renuncian a los privilegios que les otorga vivir de sueldos públicos sufragados por todos los ciudadanos y concedidos por las administraciones e instituciones que combaten con más saña.

Borràs, una supremacista de manual que considera que España es un país totalitario que no ha superado aún el franquismo y está a años luz de la resplandeciente y democrática sociedad catalana, ha logrado una plaza de profesora universitaria convocada a su medida y con nocturnidad y alevosía hasta el punto de ser la única aspirante en un proceso marcado por el secretismo.

Para mayor abundamiento, Borràs ha optado por acogerse a las ventajas del Estado supuestamente opresor y aceptar un puesto de funcionaria estatal en vez de autonómica. El puesto es el de profesora titular del área de conocimiento de didáctica de lengua y literatura en la facultad de Educación de la Universidad de Barcelona.

El nombramiento aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de marzo, días después de haber asumido Borràs el cargo de presidenta del parlamento autonómico catalán con un discurso en el que aseguró que no toleraría "injerencias" y se mostró absolutamente dispuesta a desobedecer los mandatos judiciales y liderar el nuevo "embate", la palabra de moda del separatismo, contra el Estado.

Borràs quiso marcar con un discurso beligerante un antes y un después en la cámara regional y vino a autoproclamarse como "enemiga pública número uno" del Estado que pocos días después oficializaba su puesto como funcionaria con un sueldo de por vida.

Secretismo

El proceso mediante el que Borràs se ha visto encaramada a la condición de funcionaria del Estado ha sido de todo menos transparente, pero la ardorosa independentista ha superado todos los obstáculos y cuando deje el cargo político podrá disfrutar de las ventajas de la Administración del Estado. Para ella no supone, al parecer, ningún trastorno, más allá de ponerse colorada cuando el presidente del grupo del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, puso el dedo en la llaga y la tildó de "crack" en su intervención del pasado viernes. "Que mal oprime España" vino a decir el dirigente conservador mientras subraya las contradicciones de Borràs, que rehusó contestar.

"Es capaz de llamar opresor al Estado español y luego convertirse en flamante funcionaria de ese mismo Estado esta misma semana. Es una crack. Me pongo a sus pies", dijo Fernández mientras diputados de todos los grupos sonreían bajo las mascarillas y celebraban el discurso.

Imputada por corrupción

Fernández también hizo referencia a la imputación de Borràs por fraude, falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos y a los correos electrónicos que se cruzaba con un amigo informático (condenado por tráfico de drogas) a fin de fraccionar una serie de contratos cuando ella dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre los años 2013 y 2017. La investigación partió de los Mossos d'Esquadra y ha puesto la lupa sobre un conjunto de contratos menores que suman 260.000 euros.

Según Borràs, la imputación forma parte de una supuesta "causa general" del Estado contra el independentismo. Sí, ese mismo Estado que a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), un organismo adscrito al Ministerio de Universidades le ha buscado un chollo para cuando deje la política.

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