El vocal del CGPJ y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, "ha recibido instrucciones para provocar enfrentamientos"

Fuentes del CGPJ consultadas por LD denuncian que Cuesta "lleva semanas buscando la tensión, la confrontación y el enfrentamiento en los plenos".

Miguel Ángel Pérez

El Consejo General del Poder Judicial CGPJ está viviendo uno de sus momentos más delicados y también más tensos. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital denuncian que el vocal progresista y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, habría "recibido instrucciones para provocar enfrentamientos" en el seno del Gobierno de los jueces.

Cuesta fue diputado nacional por el PSOE de 1982 a 2000 y de 2002 a 2011. Entre sus fracasos políticos, ostenta el récord de conseguir 39 puntos menos que su contrincante en las elecciones a la alcaldía de Oviedo en 1995. Este histórico socialista fue, además, el portavoz de su partido en la Comisión de investigación parlamentaria del 11-M, donde destacó por sus ataques a los miembros del Gobierno de José María Aznar. Finalmente, en 2013 era elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas.

El CGPJ aprobaba la semana pasada por 16 votos a favor y 5 en contra una resolución donde se solicitaba a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsiderase su decisión de tramitar con urgencia la proposición del Ejecutivo que paraliza los nombramientos del Consejo cuando se encuentre en funciones. Según los 16 vocales que secundaron dicha resolución, entre ellos 4 progresistas, la propuesta del Gobierno no respetaba "la separación de poderes y los estándares europeos de todo Estado de derecho".

Los cinco vocales progresistas discrepantes liderados por Álvaro Cuesta presentaban después un duro voto particular acusando a sus compañeros de alinearse con el PP e incurrir en "deslealtad a España" por señalar que la tramitación de la citada reforma viola el derecho europeo. "Es una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso y refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo, interfiriendo en el debate parlamentario", afirmaban.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que las graves acusaciones del voto particular liderado por Cuesta y los otros 4 vocales progresistas han provocado un "enfado monumental" entre los otros 16 vocales restantes del Consejo General del Poder Judicial, incluidos los designados a propuesta del PSOE.

"Cuesta lleva semanas buscando la tensión, la confrontación y el enfrentamiento en los plenos. Eleva la voz sin motivo y en alguna ocasión se ha encarado airadamente con otros vocales. Está claro que ha recibido instrucciones del PSOE para provocar crispación y dañar la imagen del Consejo, con el que el Gobierno socialista mantiene un enfrentamiento público", aseguran.

"Está actuando como un comisario político del Partido Socialista. Cuesta ha cumplido ya los 65 años y quiere buscar una salida laboral. Por eso, hace méritos con su partido, el PSOE, para intentar conseguir un cargo cuando se renueve el CGPJ y deje de ser vocal", concluyen.

Precisamente, este jueves el CGPJ celebrará un pleno ordinario en el que se espera realizar al menos 6 nombramientos de presidentes de Audiencias Provinciales, que se han presentado como candidatos únicos. No se descarta que algunos vocales 'progresistas' no participen en las votaciones para mostrar su rechazo a que el CGPJ siga realizando designaciones. Una función que le otorga la Constitución.

El voto particular de los 5 vocales 'progresistas'

El voto particular contra la petición del CGPJ al Congreso para reconsiderar la tramitación urgente de la proposición del Gobierno fue liderado por Álvaro Cuesta y suscrito a su vez por los vocales progresistas Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez.

Los citados vocales señalaban en su escrito que insinuar "siquiera remotamente" por parte de sus 16 compañeros que el Congreso al tramitar una proposición de Ley convierte a España "en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), es una deslealtad a España".

Los vocales progresistas argumentaban además que afirmar que el Congreso desatiende las mencionadas recomendaciones de la Comisión Europea, "es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado. España no es Polonia".

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