La fiscal del caso Podemos fue asesora del ministro de Justicia del PSOE Francisco Caamaño

Lorena Álvarez Taboada asesoró a Francisco Caamaño antes de ser designada fiscal de la Secretaría Técnica por Cándido Conde-Pumpido.

Miguel Ángel Pérez

La fiscal encargada de investigar a Podemos, Lorena Álvarez Taboada, asesoró al ministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño. La representante del Ministerio Público ha participado recientemente en la comisión encargada de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia del también socialista, Juan Carlos Campo, será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Álvarez Taboada es la fiscal asignada al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para investigar al partido de Pablo Iglesias por financiación ilegal o delito electoral. El juez mantiene imputados en la causa a varios de sus dirigentes como el nº 2 de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; el tesorero del partido, Daniel de Frutos; o la gerente del partido, Rocío Val.

Según fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital, la fiscal Lorena Álvarez Taboada asesoró a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia con el PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre el año 2009 y el 2011, en un cargo de "libre designación" del Ministerio que corresponde a la plantilla de jueces y fiscales. Su tarea la desempeñaba en comisión de servicios. Posteriormente, tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido. "Por su labor se la considera cercana al PSOE", apuntan.

Durante el discurso de toma de posesión, el propio Conde-Pumpido afirmaba lo siguiente sobre la citada fiscal: "Será de enorme provecho su tarea, anterior a esta última etapa, en la Secretaría General de Modernización del Ministerio de Justicia. Contar con una profesional que ha vivido y conoce tan de cerca la política de modernización que a veces nos resulta algo difícil de comprender en su proyección específica sobre el Ministerio Fiscal, tal vez pueda contribuir a una mejor y más rápida culminación de un proceso de renovación de medios y procedimientos que lleva años abierto y a veces parece que nunca se va a cerrar".

Cabe destacar que a lo largo de la instrucción de la causa que dirige el magistrado Escalonilla, la fiscal ha solicitado archivar todas las presuntas irregularidades denunciadas por el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, a excepción de la contratación de la consultora Neurona, considerando la citada denuncia como "rumores, sospechas o suspicacias".

La propia Álvarez Taboada aseguró en otro escrito el pasado mes de octubre que no existían indicios sobre la financiación irregular de Podemos, pero apuntaba que el hecho de mantenerle como investigado en la causa "resulta más garantista". Además, añadía que si el partido no tuviera la condición de investigado "mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento".

La fiscal también se opuso a la personación como acusación y perjudicada de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, que acusaba al partido de blanqueo y malversación. Además, en otro escrito reciente la representante del Ministerio Público en el TSJ de Madrid rechazó la facultad otorgada por el juez a los investigadores expertos en blanqueo de la Policía para recabar toda la información necesaria sobre las cuentas bancarias sospechosas de Podemos, calificándola dicha autorización de "excesiva".

"Actúa más como abogada de Podemos que como fiscal"

Fuentes del caso consultadas por LD afirman que la fiscal Lorena Álvarez Taboada en la causa "actúa más como abogada defensora de Podemos que como fiscal". "Hace muy pocas preguntas y todas orientadas a beneficiar a Podemos, no a investigar los hechos", denuncian. Las mismas fuentes consultadas apuntan que las acusaciones "podrían plantear" incluso la posibilidad de que la fiscal se abstenga de la causa, ya que se está investigando a Podemos, que forma parte del Gobierno y ha asesorado al Gobierno.

Desde la Fiscalía General del Estado consideran que "no hay conflicto de intereses alguno", por el hecho de que la fiscal haya integrado la comisión para elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "porque no tiene una vinculación orgánica con el Ministerio de Justicia ni, por ende, con el Gobierno, y su participación en la comisión de expertos fue un trabajo puntual". "Es una fiscal muy preparada", afirman.

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