La Ejecutiva de Podemos "no aprobó los presupuestos del partido y de las campañas electorales del 2019"

Según la denuncia de Calvente, "la formación morada podía recibir y disponer de fondos de forma totalmente opaca, libremente, sin control".

Miguel Ángel Pérez

La Ejecutiva de Podemos "no aprobó los presupuestos del partido y de las campañas electorales del 2019". Así lo afirma el exletrado de la formación morada, José Manuel Calvente, en su denuncia presentada ante la Guardia Civil en diciembre de 2019, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. Estos hechos son investigados por el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.

Según la denuncia de Calvente, "el Consejo de Coordinación de Podemos —la ejecutiva del partido— no quiso elaborar el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019, ni el presupuesto de las campañas electorales previstas para 2019 y proponerlo al Consejo Ciudadano Estatal del partido para su aprobación, a pesar de ser una obligación legal impuesta por los Estatutos del partido".

El artículo 78 de los Estatutos del partido que lidera Pablo Iglesias establece que "el Consejo de Coordinación elaborará de acuerdo con las directrices del Equipo de Finanzas del Consejo Ciudadano el presupuesto del siguiente ejercicio con periodicidad anual. Dicho presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al inicio del ejercicio económico".

Por su parte, el artículo 20 de los citados Estatutos establece que son competencias del Consejo Ciudadano Estatal: "aprobar el presupuesto presentado por el Consejo de Coordinación y la rendición de cuentas de cada ejercicio y aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las campañas específicas a nivel estatal".

"A pesar de esta obligación estatutaria", añade Calvente, "tanto el responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, como el Consejo de Coordinación, incumplieron los Estatutos y no elaboraron el presupuesto de ingresos y gastos ordinario para 2019 para ser aprobado por el máximo órgano del partido, el Consejo Ciudadano Estatal. También se incumplió el artículo 20 de los Estatutos".

En la denuncia, el exletrado de Podemos afirma que "en la práctica, la decisión de no aprobar los presupuestos de gastos —ni el presupuesto ordinario para 2019, ni los presupuestos especiales para las campaña electorales de 2019- suponía que la formación morada podía recibir y disponer de fondos de forma totalmente opaca, libremente, sin control, sin ningún tipo de partida presupuestaria ni conocimiento de los órganos superiores del Partido".

Recordamos que durante el año 2019 se celebraron en España numerosas citas electorales. El 28 de abril y el 10 de noviembre hubo elecciones generales, mientras el 26 de mayo se llevaron a cabo elecciones al Parlamento Europeo, autonómicas y municipales.

"Delito de administración desleal de bienes del partido"

El que fuera coordinador del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, asegura que "la inexistencia de presupuestos, por orden de la ejecutiva de Podemos con la complicidad del responsable de Finanzas, supone un importante riesgo para el partido, dado que el solo hecho de hacer disposiciones de fondos sin ningún tipo de soporte presupuestario podría suponer responsabilidades penales por un delito de administración desleal de los bienes de la organización, según lo previsto en el art. 252 del Código Penal, y que afectará a los 523.884 afiliados del partido según la cifra que publica la página web del participación del partido".

"La realidad es que las cuentas de Podemos se manejaban en la más estricta opacidad tanto hacia afuera como hacia los propios órganos del partido y eso permitía disponer de los fondos de forma totalmente arbitraria y sin control legal y financiero, como ha ocurrido", señala la denuncia.

"Las solicitudes de información por parte de la responsable de Cumplimiento Penal se saldaron con agrias discusiones que precedieron a la imposibilidad de establecer comunicación, a represalias contra trabajadores contratados por el solo hecho de ser amigos de la responsable de cumplimiento y, finalmente al cese de su responsabilidad al margen de los procedimientos para llevarlo a cabo", concluye Calvente.

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