Una alcaldesa de ERC denuncia daños en una pancarta de "Libertad presos políticos" y acaba investigada por malversación

La regidora Carola Llauró no presentó en el juicio las actas municipales que justificaban la compra de la pancarta y la autorización para colgarla.

Miguel Ángel Pérez

La alcaldesa de ERC del municipio de Vilassar de Dalt (Barcelona), Carola Llauró, denunció daños en una pancarta de "Libertad presos políticos" que había sido colgada del balcón del consistorio y que fue retirada parcialmente por un grupo de personas en la madrugada del 28 de julio de 2019. Tras la celebración del juicio, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Mataró (Barcelona) ha decidido absolver a los tres individuos a los que la alcaldesa acusaba y ha deducido testimonio contra ella y su antecesor, para que sean investigados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

La regidora independentista reclamaba 242 euros por los supuestos daños causados a la pancarta golpista y por el coste de reponer la misma. Durante el juicio, afirmó que no intervenía como denunciante "a título personal, sino como responsable del Ayuntamiento". Carola Llauró aseguró en la vista oral que no sabía cuándo se había colgado dicha pancarta, pero que en todo caso había sido antes de que ella fuera alcaldesa.

No obstante, la alcaldesa de ERC no presentaba el acta de pleno municipal que justificara la adquisición de la pancarta golpista, ni la autorización del consistorio para colgarla en el balcón. Por ello, la sentencia concluye que existe una evidente "falta de legitimación".

Por su parte, los 3 denunciados explicaron que esa noche, ellos junto a dos personas más se personaron ante el balcón del consistorio con "la intención de descolgar la pancarta y devolverla doblada al Ayuntamiento". Sin embargo, sostienen que los autores materiales huyeron al ver a la patrulla y aseguran que, en todo caso, "la pancarta no resultó dañada porque los chicos solo pudieron descolgarla de un lado".

La sentencia de 5 páginas recuerda que el artículo 263 del Código Penal establece que "el que causare daños en propiedad ajena será castigado con multa de seis a veinticuatro meses". En este caso no consta "ni que la pancarta resultase dañada, ni que perteneciera al Ayuntamiento de Vilassar de Dalt" por lo que se considera "un bien sin dueño, que alguien no identificado colocó en el balcón sin autorización legal para hacerlo".

La juez, aceptando la petición de la Fiscalía, ha ordenado deducir testimonio tanto contra Llauró como contra su antecesor por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. En el segundo caso porque cree que, aunque no haya quedado acreditado que se pagó con fondos públicos, "habrá de investigarse, siendo el presunto autor de tal delito el alcalde de la anterior corporación". Sobre Llauró, según la sentencia sí existen "indicios más claros" de que la pancarta de repuesto podría haberse sufragado con fondos extraídos de las arcas municipales.

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