Así es el plan B de Casado para la desescalada: las medidas una a una para "activar España"

El uso obligatorio de mascarillas o la petición de que los ERTE se extiendan hasta diciembre son algunas de las propuestas de los populares.

Míriam Muro

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes un plan de choque para "activar España" y afrontar la crisis del coronavirus frente a la desescalada "partidista y caótica" que está dirigiendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Unas propuestas que Casado ha presentado este martes rodeado de miembros de lo que hace meses denominó "Gobierno en la sombra". Expertos como la exministra de Sanidad, Ana Pastor; la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez; y el secretario de Justicia y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Estas son, una a una, las "soluciones de futuro" presentadas este martes por Pablo Casado dentro de su plan denominado "activemos España":

Ámbito Sanitario

1. Uso obligatorio de mascarillas en la calle y recomendado para mayores de 65 años en espacios cerrados, cuando se encuentren con personas con las que no convivan.

2. Test masivos a la población, mapa de seroprevalencia y prueba a todos los profesionales sanitarios y de residencias de ancianos, y rastreo rápido de los contactos de las personas contagiadas.

3. Pacto de Estado "Cajal" por la Sanidad, en honor al Premio Nobel de Medicina, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y de cuidados de mayores con el fin de potenciar la investigación y la industria nacional sanitaria.

4. Puesta en marcha de la denominada "huella digital" con un pasaporte epidemiológico y de una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos y los contagiados avisen automáticamente a sus contactos.

5. Prevenir y adaptar el sistema para futuras pandemias, reforzando la atención primaria y la atención telefónica, telemática y domiciliaria, además de establecer corredores hospitalarios seguros frente a infecciones.

6. Previsión de un depósito de material de protección centralizado.

7. Creación de un pool nacional de personal especializado que pueda ser desplazado a las distintas Comunidades Autónomas para atender las demandas de la pandemia.

8. Constituir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, con un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado.

9. Garantizar el distanciamiento social por franjas de edad y riesgo de contagio, planteando incluso un desescalamiento de horarios de trabajo y protocolos de seguridad sanitaria para todo tipo de espacios.

10. Publicación inmediata de los expertos en cumplimiento del artículo 11 de la ley general de salud pública 33/2011.

Medidas de impulso a la economía

1. Exoneración del pago de impuestos a la apertura o reapertura de empresas provocadas por la crisis de la covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos.

3. Extender hasta el 31 de diciembre el pago de los ERTE, con especial atención a los sectores más afectados por la pandemia (turismo, hostelería, industria y comercio).

4. Contratos bonificados para incorporar al mercado laboral a trabajadores procedentes de despidos como consecuencia de la covid-19.

5. Recuperar la credibilidad económica de nuestro país para evitar el rescate al que ya se resigna el Gobierno. Descartar subidas masivas de impuestos, acotar el gasto superfluo de la enorme estructura burocrática del Ejecutivo y cancelar la subida de sueldo para cargos electos.

6. Recuperar el proyecto de Tarjeta Social que aglutine y centralice con transparencia y responsabilidad en cada ciudadano todas las ayudas de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, evitando duplicidades, también con la renta mínima.

7. Mantener la actividad empresarial y el tejido productivo ampliando los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos para evitar su cierre.

8. Plan de fiscalidad para hacer atractiva España a la inversión de empresas e industrias extranjeras y de aplazamiento de impuestos a autónomos y empresas sin ingresos por la pandemia.

9. Elaborar una agenda ambiciosa de reformas que agilicen la burocracia y faciliten la inversión, con reformas como la ley de unidad de mercado, la ley de segunda oportunidad y la ley de emprendedores.

10. Adaptar la economía al escenario post covid-19, potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo y por edad.

Medidas en el ámbito jurídico

1. Propuesta de desescalada jurídica para salir de la excepcionalidad constitucional y garantizar derechos y libertades, tal y como recomienda la hoja de ruta común europea para sustituir las medidas excepcionales por la legislación básica (art.6.2.d).

2. Para mantener el mando único sanitario se debe aplicar: La Ley General de Salud Pública (art. 14), la Ley General de Sanidad (art. 26) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003.

3. Para establecer la limitación de movimientos, se debe aplicar, sobre todo, por ser orgánica, la LO 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (art. 3). Asimismo, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, para coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del conjunto de las administraciones, la Ley de Seguridad Nacional.

4. Si aun así se considera necesario reforzar la cobertura legal de limitación con un decreto de movilidad, se podría amparar en el reglamento sanitario de la OMS (artículos 15 y 18) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 5), que establecen que no se considera violación del derecho de libertad de desplazamiento las restricciones y limitaciones por razón de pandemias.

5. Si aun así, se quisiera ampliar la cobertura legal a través de una ley orgánica, se podría modificar la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 del Reglamento del Congreso. Este trámite se puede aprobar en un plazo de 15-20 días.

En este sentido, Casado trasladó este lunes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, su rechazo a seguir en estado de alarma y el plan jurídico alternativo a la petición de una nueva prórroga, cuando la dirigente del Ejecutivo se puso en contacto con él .

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