Los expertos avisan sobre la investigación del 8-M y la covid: "Hay que pedir informes a epidemiólogos, no a forenses"

El Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid archivó la investigación por lesiones imprudentes contra el delegado del Gobierno por un informe forense.

Miguel Ángel Pérez

Los expertos consultados por Libertad Digital avisan que en algunas investigaciones abiertas sobre las marchas multitudinarias del 8-M y la propagación de la covid-19 se está produciendo un error por parte de los jueces instructores: "Hay que pedir los informes a los epidemiólogos, no a los forenses".

Un ejemplo lo encontraríamos en Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de la capital, Carmen Rodríguez-Medel, archivó hace 3 semanas la investigación por un supuesto delito de lesiones por imprudencia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras recibir un informe del médico forense.

Dicho informe señalaba que no se podía acreditar la "causalidad" entre la marcha feminista del 8-M y los contagios que derivaron en posteriores infecciones y muertes. Desde entonces, el delegado del Gobierno sólo es investigado por un delito prevaricación. Recordamos que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está denunciado por estos hechos ante el Tribunal Supremo.

El médico experto en Medicina del Trabajo y en prevención de riesgos laborales, Paul Cardozo Puentes, asegura a LD: "Es una equivocación de la magistrada no solicitar estudios epidemiológicos sino solamente forenses y con base en ellos descartar la responsabilidad del funcionario gubernamental. Al tratarse de una epidemia, no son los peritos forenses los encargados de evaluar la relación de 'causalidad' entre la posible fuente de infección y las patologías que se presentan después".

"El médico forense", añade este experto, "examina al paciente que murió para saber de qué murió. Saber si ese virus del que se contagió es el que cogió en la manifestación, si es el mismo genoma... Son estudios forenses que no se pueden realizar. El epidemiólogo puede estudiar cuál era la mortalidad antes de la manifestación, el exceso de mortalidad después, las relaciones que hay o las posibles causas pueden existir".

"Son los estudios epidemiológicos los que determinan la relación entre un hecho (en este caso la presencia de personas infectadas en la manifestación) y las posibles consecuencias, sus relaciones y 'causalidad'. Esto se evidencia en los estudios epidemiológicos realizados ya desde el siglo XVII con las cuidadosas descripciones clínicas de la disentería, la malaria, la viruela, la gota, la sífilis y la tuberculosis", concluye el médico Cardozo Puentes.

Esta tesis la comparte en declaraciones a este diario la presidenta de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria SESPAS, Josefa Cantero: "La juez debe dirigirse a un epidemiólogo para solicitar un informe pericial en este caso porque es el especialista que tiene esos conocimientos. Lo adecuado sería acudir a los especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública y, dentro de este grupo, a los epidemiólogos".

Según Cantero, "aunque se encargue el informe a un epidemiólogo y por muchas proyecciones que se hagan, la relación de causalidad es imposible de comprobar. Jurídicamente es imposible de demostrar que la epidemia de contagio que se dio en Madrid no se hubiera producido sin la manifestación del 8-M".

Cabe destacar que la orden SCO/1980/2005 de 6 de junio aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, recogiendo las competencias y especialidades de los epidemiólogos.

Informes epidemiológicos sobre un confinamiento previo

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada Fedea­ realizó una estimación de cuántos contagios de COVID-19 se podrían haber evitado si el confinamiento hubiera empezado el 7 de marzo en lugar del 14. El resultado fue demoledor. Si el confinamiento hubiera comenzado una semana antes, se habrían evitado hasta 60.000 contagios, es decir, un 62,3% del total.

Otro estudio de la Universidad de Oviedo exponía que haber decretado el confinamiento domiciliario el 7 de marzo habría reducido el número de contagiados más de un 60% y, por consiguiente, se habrían podido salvar hasta 14.500 vidas.

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