Grandes 'hits' de la violencia separatista y su maquinaria de saltarse leyes

Un informe recopila más de doscientos casos de agresiones y ataques impunes a personas y partidos no independentistas en 2019.

Pablo Planas (Barcelona)

Demoledor informe de la entidad "Cataluña somos todos" sobre las ilegalidades de las administraciones controladas por los separatistas y los partidos y entidades independentistas. Según los cálculos de esta asociación, "los nacionalistas catalanes cometieron 660 vulneraciones de las leyes españolas en 2019 con el fin de avanzar en su proceso separatista".

"Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista" es el título del trabajo en el que se recogen 240 casos extraídos de los medios de comunicación relativos a 2019. Se trata de noticias sobre ataques a sedes de partidos, a personas vinculadas al constitucionalismo, discriminaciones por razón de lengua, manipulaciones de los medios públicos, boicots, escraches y ejemplos de discurso de odio contra España y sus ciudadanos.

La entidad subraya el notable incremento de este tipo de actuaciones por parte del nacionalismo, pues apunta que en 2016 fueron 59 los casos documentados, cifra que se elevó a 100 en 2017 y a 106 en 2018. También se ha llevado a cabo una clasificación de estos sucesos que arroja el siguiente resultado: Coacciones, 101 casos; daños, 88 casos y desórdenes públicos relacionados con la circulación ferroviaria, 53 casos.

Violencia tras la sentencia

El informe incluye agresiones a personas por llevar banderas de España así como las cometidas por los independentistas contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las protestas posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe separatista, los cortes de carreteras, los sabotajes en infraestructuras así como el asalto y toma del Aeropuerto.

"El secesionismo ha llegado a la conclusión de que la violencia y el incumplimiento de la ley, en ocasiones por parte de las propias autoridades locales y autonómicas, le reporta un importante beneficio político", apunta el texto del informe, en el que se alerta también de que "Cataluña no puede convertirse en una autonomía fallida, un territorio en el que la democracia y el Estado de derecho no sean capaces de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos que allí viven".

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