La Abogacía del Estado pide al Supremo que permita a Junqueras ejercer de eurodiputado hasta que sea suspendido

La Abogacía considera que "cabría permitir" tanto su desplazamiento a la JEC como al Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios.

Miguel Ángel Pérez

La Abogacía General del Estado ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estime el recurso de súplica interpuesto por la representación de Oriol Junqueras contra la decisión del Alto Tribunal de no concederle un permiso penitenciario extraordinario para tomar posesión como eurodiputado.

La representación del Estado en la causa del 1-O considera que "cabría permitir" tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios. El escrito de 16 páginas lo firma la abogada del Estado durante el juicio del golpe en el Supremo, Rosa María Seoane.

El exvicepresidente catalán fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por sedición y malversación en el golpe del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba la semana pasada que Junqueras tenía inmunidad como europarlamentario desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo.

En su escrito, este organismo ha pedido además a la Sala que haga posible al exvicepresidente catalán el ejercicio de su función representativa, mientras mantenga su estatus de eurodiputado, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre, que da respuesta a la cuestión prejudicial sobre el alcance de su inmunidad planteada por el tribunal español.

Los servicios jurídicos del Estado instan también al Supremo a adoptar las medidas de aseguramiento que considere más adecuadas para garantizar la misión parlamentaria de Junqueras y al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia del 1-O, resolución a la que la Abogacía otorga total validez al haberse dictado "con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal".

Por esa razón, la Abogacía reclama a los magistrados españoles que soliciten "a la mayor brevedad" al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras reconocida por el tribunal de Luxemburgo en aplicación del procedimiento que recoge su propia sentencia del 19 de diciembre. Además, asegura que el Supremo, en varias de sus resoluciones, ha admitido que Junqueras podría seguir ostentando algún tipo de inmunidad si así se lo reconociera el TJUE.

Tras estudiar la sentencia europea, la Abogacía, en concordancia con su escrito del pasado 10 de junio, llega a la conclusión de que Oriol Junqueras sigue gozando de inmunidad como eurodiputado ya que, hasta el momento, la Junta Electoral Central, el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo.

Sobre la inmunidad de Junqueras

El escrito de la Abogacía, entiende que, según la resolución del TJUE, esos efectos de inmunidad no deben limitarse a permitir al eurodiputado electo desplazarse al Parlamento Europeo para tomar posesión de su cargo, sino que la inmunidad reconocida tiene como finalidad expresa que los miembros de esa Cámara "puedan dar cumplimiento a su misión", según el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que invoca Luxemburgo.

Según la Abogacía, es el Supremo el que debe decidir la forma en la que se haga posible que Junqueras desempeñe esa misión, que no se circunscribe únicamente a ese desplazamiento, sino que implica "el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario".

La Abogacía califica de "novedosa y compleja" la nueva doctrina de Luxemburgo sobre la inmunidad de los europarlamentarios. Asegura al mismo tiempo que la sentencia del TJUE permite concluir que la actuación del Tribunal Supremo se ha acomodado a la jurisprudencia europea hasta este momento. Y sostiene que el planteamiento de la cuestión prejudicial por el alto tribunal español "supuso un acertado ejercicio que tiene el órgano jurisdiccional nacional para garantizar una interpretación uniforme del derecho de la Unión".

Nadie quería firmar el escrito de la Abogacía

Este diario desvelaba la semana pasada en exclusiva que la Abogacía del Estado estaba encontrando serias dificultades para que alguno de sus integrantes firmase el escrito sobre la libertad de Oriol Junqueras. Ningún miembro de la Abogacía quería "firmar el escrito" en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado.

La razón de las reticencias era el "difícil encaje jurídico" y que ninguno de los miembros quieren quedarse "marcados profesionalmente" con dicha decisión. Otras fuentes jurídicas consultadas aseguraban incluso que en la elaboración del documento sobre la inmunidad de Junqueras habrían participado directamente "asesores" de la Moncloa.

También desvelaba LD que la Abogacía General del Estado estaba "escandalizada" con las presiones que está recibiendo por parte del Gobierno socialista en funciones de Pedro Sánchez para elaborar dicho escrito. De hecho, en la Abogacía existía una "gran preocupación e indignación" por la imagen pública que el Ejecutivo en funciones del PSOE estaba dando de la institución. Internamente muchos de sus miembros critican la utilización de la Abogacía para usos partidistas con el objetivo de que Sánchez pacte la investidura de Gobierno con los separatistas catalanes: "No somos la Abogacía del partido".

Recordamos que el que fuera abogado del Estado y actual diputado de C´s, Edmundo Bal, se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía que recogía el delito de sedición y no de rebelión en el golpe del 1-O. Tras haber representado a la Abogacía durante toda la instrucción, Bal fue cesado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro y su cargo fue ocupado por Rosa María Seoane. Finalmente, fue Consuelo Castro la que firmó dicho documento.

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