El Gobierno abre la campaña con una ofensiva electoralista contra el separatismo catalán

Un real decreto contra la República digital, tres recursos al TC y asistencia jurídica a las fuerzas de seguridad.

Ketty Garat

Primero fue el 155, después "la templanza y la proporcionalidad", y ahora, un nuevo giro de 180 grados devuelve al Gobierno a la estrategia de mano dura con el separatismo para buscar la rentabilidad electoral que necesita en el inicio de la campaña. Un día después de renegar de la plurinacionalidad que él mismo acuñó, y de verse forzado a rectificar por la presión del PSC, el presidente y candidato socialista Pedro Sánchez ha vuelto a dar un bandazo que constituye una auténtica ofensiva electoralista contra el separatismo.

El primer paso de esta nueva estrategia se dio a primera hora de la mañana. El candidato Pedro Sánchez se reservó su último anuncio electoral con cargo a Moncloa para el inicio de la campaña electoral. En una entrevista en Onda Cero que provocó el retraso de una hora y media en el Consejo de Ministros, Sánchez anunció lo siguiente a la pregunta de si aplicaría más medidas en Cataluña: "Le quiero hacer un anuncio. Hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un real decreto ley para poner punto y final a esto de la ‘República digital’. Es evidente que han avanzado en ello y el Estado va a garantizar que todos los servidores de la Generalitat tengan que estar ubicados en la Unión Europea y no en paraísos digitales".

Una medida que aprobaba posteriormente el Consejo de Ministros, llevado en mano por el presidente del Gobierno, en una fórmula poco habitual que ya siguió con la exhumación de Franco y que sortea las dos reuniones preparatorias previas de la reunión del gabinete, la reunión de secretarios de estado y la comisión delegada para asuntos económicos. Una muestra del sigilo que requería la tramitación de esta norma.

Al término de la reunión del Gobierno, fue la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, quien ofreció la rueda de prensa en sustitución de la portavoz, Isabel Celaá, para evidenciar aún más claramente ese carácter de excepcionalidad y para ampliar la explicación de ese real decreto posterior al Consejo de Ministros. La número dos del Ejecutivo amplió las acusaciones al Gobierno de la Generalidad aunque de forma velada al asegurar que el Gobierno "tiene información y datos" que demuestran la urgencia en la aprobación de esta medida para "tener posibilidad de reaccionar ante ciberamenazas, espionaje y utilización de datos en procesos electorales".

En un juego de sobre entendidos y sin referencias expresas , Calvo defendió el trabajo "enjundioso, técnico y complicado" que se ha vertido en el real decreto ley que afecta a siete ministerios del Gobierno. Aunque no quiso hacer menciones concretas a la Generalidad catalana ni al proyecto de ‘Identicat’ aprobado en septiembre ni a la agencia de ciberseguridad para Cataluña anunciada hace apenas dos días desde el gobierno catalán.

Algo que sí hizo el presidente del Gobierno en su entrevista matinal. Sánchez sentenció que "empezamos a tener más que una intuición" y defendió que esta nueva norma permitirá que "no se usen datos con fines espurios para violentar al Estado de Derecho" como entiende que ha hecho el ejecutivo de Quim Torra: "el separatismo catalán ha intentado buscar reductos legales fuera de la legalidad para avanzar en este proyecto digital" y ha advertido: "No va a haber independencia ni online ni offline".

La clave: el uso del censo y el padrón

Según explican fuentes de Moncloa a Libertad Digital, este real decreto tendrá un primer objetivo fundamental: "Impedir que la Generalitat pueda volver a usar los censos electorales y los padrones municipales para la celebración de un referéndum", como hizo el Gobierno de Carles Puigdemont el 1 de octubre de 2017. A partir de ahora, se bloqueará la utilización de los censos digitales y el tratamiento de datos personales no podrá estar en servidores ajenos a la UE como ha hecho el separatismo para evadir el control de la justicia europea.

Recursos a la Mesa del parlamento

Una nueva medida con la que el Gobierno mandaba el primer mensaje al separatismo catalán, concretamente, al poder ejecutivo. El segundo mensaje, al poder legislativo autonómico, llegaba también en orden jerárquico. Primero el presidente, después su número dos, confirmaban que el Gobierno plantea tres nuevos incidentes de ejecución de sentencia para solicitar al Tribunal Constitucional que actúe contra el parlamento catalán por pretender debatir nuevamente sobre el derecho de autodeterminación y la Monarquía, a pesar de la sentencia de prohibición previa del Constitucional.

"Le hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere que si ha sido traspasada esa línea, desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al ministerio fiscal para las consecuencias que podamos estar teniendo", solemnizó Calvo en su exposición inicial.

Apoyo judicial a las fuerzas de seguridad

Pero aún hubo un tercer mensaje, éste último directo al corazón del separatismo y sus críticas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras los recientes episodios de violencia en Cataluña, la vicepresidenta anunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán "asistencia jurídica por parte de la Abogacía General", que se personará en su nombre por las "agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas" que se han producido "contra ellos en el ejercicio de sus funciones".

Traca final de un Gobierno que, en privado, admite sin tapujos el carácter electoral de esta ofensiva. "Claro que actuamos en el plano temporal de las elecciones", explican fuentes gubernamentales a Libertad Digital que confían ciegamente en que, ésta vez sí, tendrá efectos directos en el electorado y cambiarán la crónica "depresiva" de los sondeos.

Una de cal y otra de arena

Pese a ser Cataluña su principal baza electoral, Sánchez quiso jugar al despiste en su arranque de campaña. Después de la sobredosis catalana de la jornada, no dedicó ni una palabra a Cataluña en el pabellón Pinomontano de Sevilla. En su lugar fue Susana Díaz, quien alabó la firmeza del presidente y criticó con dureza a la oposición por su "patriotismo de banderas y balcones. Deberían haber llamado a Pedro y haberle dicho, por este país, lo que haga falta". Por su parte, el candidato Sánchez se centró en la mayor preocupación del PSOE: el 30% de indecisos que refleja el CIS. "A los indecisos que no saben si ir a votar y a quién, decidle que para que no nos vuelvan a llamar a las urnas en cuatro años hay que votar al PSOE. Las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan con votos".

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