Susana Díaz hizo la "vista gorda" con la capacitación de los trabajadores en violencia de género

Algunos de estos trabajadores no tuvieron que demostrar su capacitación profesional.

Pedro de Tena

Con motivo de las medidas anunciadas por el gobierno andaluz sobre las unidades de violencia de género –aumentar sus plantillas pero asegurar la formación e idoneidad de sus componentes–, se ha conocido que el gobierno de Susana Díaz hizo la vista gorda sobre requisitos legales obligatorios y que algunos de estos trabajadores no tuvieron que demostrar su capacitación profesional. De hecho, como ha contado eldiario.es, a día de hoy no se conoce si todos ellos están colegiados como exige la Ley.

Las presuntas deficiencias de cualificación intentaron ser conocidas por Vox que pidió la relación de profesionales dedicados y su cualificación, suscitando las críticas generales de los demás grupos parlamentarios.

Ahora el nuevo gobierno andaluz ha anunciado que la colegiación será un requisito obligatorio para los médicos forenses, psicólogos, equipos psicosociales y trabajadores sociales que realizan informes sobre malos tratos en las Unidades de Violencia de Género, que es una reclamación que Vox ha formulado en sede parlamentaria.

¿Cómo es que algunos de los componentes de estos equipos de trabajadores no han estado colegiados cuando se ha desvelado que ya un informe del gabinete jurídico de la Junta del año 2015 concluía que había una exigencia legal que hacía obligatoria la colegiación de todos los empleados públicos, y que Andalucía no podía "eximirles" de ese requisito?

El nuevo gobierno no hace ahora más que exigir el cumplimiento de la Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 que ya dijo que era "requisito indispensable" para los empleados públicos y para aquellos que trabajan para una Administración "hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente".

El Gobierno de Susana Díaz era consciente de ello como demuestra el informe de su gabinete jurídico al que pidió saber "si Andalucía tiene competencias para eximir de la colegiación obligatoria a su personal funcionario, estatutario y laboral que realiza su actividad profesional al servicio exclusivo de la Administración, cuando esa actividad va destinada a terceros". La respuesta fue que no.

Pero la Junta había aprobado dos normas que "invadían" la legislación estatal y se excedían de su ámbito competencial. En el artículo 30.2 de la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y de Control, de 2001 y en el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, de 2003, se eximía del requisito de la colegiación a los empleados públicos en Andalucía.

Recurridas por el gobierno de José María Aznar, en 2013 el Tribunal Constitucional anuló los dos artículos, velando por la obligación de estos trabajadores de ser numerarios de un Colegio Profesional.

Pero, ya en 2016, con Susana Díaz en el gobierno, la Junta volvió a consultar al Ministerio de Hacienda sobre "qué criterio se viene siguiendo" en cuanto la colegiación de los empleados públicos, y éste volvió a exigir que se cumpliese el requisito "indispensable" de la colegiación.

Pero, ahora y de hecho, el nuevo gobierno ha detectado que no todos los trabajadores que emiten informes sobre violencia de género cumplen este requisito de colegiación, es decir, no todos se ajustan a la legislación vigente, como denunció Vox.

19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales componen las Unidades de Violencia de Genero en Andalucía. En teoría, estos son los que deben elaborar los informes que utilizan los juzgados en los casos de violencia doméstica. Pero, algunos de los informes, como se ha demostrado por la licitación pública conocida, son elaborados por una empresa subcontratada cuyo personal no se sabe si se ajusta o no a la cualificación requerida.

De hecho, Vox ha reclamado el perfil profesional de los trabajadores de la empresa adjudicataria –Tax Valoración, del Grupo Tinsa– y su número de colegiación en sus respectivos colegios profesionales.

Por tanto, si se reconoce ahora que de los empleados que intervienen en los informes de violencia de género, no se sabe cuántos están colegiados y cuántos no, es que los gobiernos andaluces anteriores hicieron la "vista gorda" ante el requisito forzoso por lo que Juan Marín ha decidido pedir un informe concreto acerca de la situación.

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