El Gobierno incumplirá su promesa de exhumar a Franco "antes de final de año"

Amenaza incluso con cerrar la Almudena, pero la fórmula para impedir su entierro allí no estará lista hasta 2019.

Ketty Garat

Primero fue un recién llegado Pedro Sánchez quien, a las puertas del verano, anticipó a los periodistas que la exhumación "os pillará trabajando" antes del verano; después su vicepresidenta, Carmen Calvo, quien se comprometió a que "antes de final de año" Franco sería exhumado del Valle de los Caídos. Ni una cosa ni la otra, el Gobierno volverá a incumplir su compromiso con su anuncio estrella de sacar los restos del dictador de la basílica.

Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital confirman que "están puliendo" las enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica a la que el Gobierno fía la exhumación de los restos mortales de Franco. Un nuevo mecanismo jurídico con el que pretende impedir que se entierre al dictador en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, bajo la amenaza de que podrían cerrarse los centros de culto en los que "se den episodios de enaltecimiento o exaltación del franquismo". Amenaza velada a la Iglesia sin menciones expresas a la catedral madrileña.

Así figura en unas enmiendas que se presentarán la semana que viene habida cuenta de que la Mesa del Congreso ha acordado una prórroga de una semana a petición de PP y Ciudadanos para la presentación de modificaciones al texto original. El Gobierno debe esperar a que esté aprobada esta reforma de la Ley de Memoria Histórica porque el decreto de exhumación de los restos de Franco aprobado el pasado mes de agosto no impediría que la familia Franco decidiera enterrar a su familiar en el mausoleo de su propiedad que posee en la cripta de la catedral de la Almudena.

Un decreto que se encuentra en fase de alegaciones por parte del Gobierno, que dará novedades en el Consejo de Ministros de este jueves; y en trámite de enmiendas parciales en el Congreso.

Tramitación larga

La reforma de la Ley de Memoria Histórica se tramitará por la vía de urgencia en las Cortes. Pero ni con esas da tiempo a que los plazos del Gobierno se cumplan. Según fuentes parlamentarias, una vez presentadas las enmiendas de todas las formaciones políticas el lunes de la semana próxima, se debe constituir una ponencia parlamentaria que analice, defina y emita un dictamen que, posteriormente, deberá ser aprobado por la comisión de Justicia.

El proyecto de ley recalaría posteriormente en el Senado que tiene 20 días, en lugar de los dos meses del trámite ordinario, para pronunciarse sobre el texto. De la cámara alta volvería a la baja, de nuevo al Congreso y de nuevo a la comisión de Justicia que, además, tiene competencia legislativa plena. Es decir, que no necesita del pleno para recibir la luz verde del Parlamento. Ése paso final, según las citadas fuentes "no llegará hasta 2019, y ya veremos cuándo".

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