El Supremo escuchará a la Fiscalía para decidir si imputa a Casado por el máster

Ha solicitado un informe donde el Ministerio Público analizará los indicios que desarrolla la juez de instrucción en la exposición razonada.

Fernando Lorente

Cumpliendo con los trámites previstos, el Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie. Que remita un informe con dos cuestiones: si el Alto Tribunal tiene competencia para la investigación contra Pablo Casado en su condición de aforado y, lo más importante, si aprecia, en línea con la juez que instruye el caso Máster en los Juzgados de Plaza de Castilla, los indicios de prevaricación y cohecho impropio en la obtención del título que el presidente del PP cursó en la Rey Juan Carlos.

Los magistrados decidirán sobre la imputación o no de Casado una vez reciban este informe. La juez Carmen Rodríguez-Medel, que fue asesora del penúltimo ministro de Justicia, el popular Rafael Catalá, elevó una exposición razonada al Supremo en este sentido. Reclamó la citación del líder del PP ante las sospechas de que consiguió el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director del catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde.

De acuerdo con la investigación, los alumnos del Máster en Derecho Autonómico en ese curso 2008-2009 entregarían al final del mismo un trabajo que certificara los conocimientos adquiridos en clase, de obligatoria asistencia. Así ocurrió, salvo cuatro excepciones. Pablo Casado, al que convalidaron 18 de las 22 asignaturas. En las cuatro restantes, impartidas todas por Álvarez Conde, presentó trabajos. Según el líder del PP, entonces diputado autonómico, le ofrecieron la opción y aceptó, puesto que era un curso de posgrado menor no habilitante para el doctorado u otra salida.

Las otras tres alumnas alejadas de los requisitos, imputadas en la causa, son María Mateo Feito, hija de la exasesora del Gobierno madrileño María Teresa Feito, María Dolores Cancio, profesora de la URJC y coautora de publicaciones con Álvarez Conde y Alida Más Taberner, subsecretaria de la consejería de Educación de la Generalidad valenciana durante la presidencia de Francisco Camps.

En esta misma pieza figuran otros imputados. Son Fernando Suárez, exrector de la URJC y vicerrector en aquel curso. Su firma consta en el acuerdo de convalidación de asignaturas a determinados alumnos del máster de Casado. La jueza no apreció después del interrogatorio una "vulneración arbitraria y grosera del ordenamiento jurídico" en el reconocimiento de créditos de Casado (convalidó 18 materias), por lo que es posible que se le levante la imputación.

Enrique Álvarez Conde, responsable del máster. Según Rodríguez Medel, él es "quien urde este sistema de prebendas consistentes en regalar títulos académicos". Alicia López de los Mozos, profesora, "discípula" y "estrecha colaboradora" del anterior. Califica de sobresaliente a un "grupo escogido de alumnos" aunque no asistieran a clase o hiciesen trabajos. En la pieza de Cifuentes reconoció notas aleatorias. Pablo Chico de la Cámara, profesor. Actuó en connivencia de los dos anteriores. Calificó a una alumna con sobresaliente pese a que no hizo nada.

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