Los golpistas advierten a Sánchez tras la orden de Llarena: "Inadmisible en medio del diálogo"

El expresidente Puigdemont lamenta que "la justicia siga haciendo política" tras la promesa de Sánchez de "una solución política".

Ketty Garat | Esmeralda Ruiz

Veinticuatro horas ha durado la luna de miel de Pedro Sánchez con Quim Torra tras su encuentro en Moncloa. Cuando el Ejecutivo ya ha iniciado los trámites para el segundo encuentro de la distensión, que se producirá en Moncloa este jueves entre Carmen Calvo y el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, el auto del juez Pablo Llarena ha hecho saltar por los aires las posiciones de los independentistas que aspiraban a una relajación por parte del Estado.

El primero en hacerlo ha sido el expresidente Carles Puigdemont, que se ha precipitado en su cuenta de Twitter a lamentar que "la justicia sigue haciendo política" y que "esta decisión describe el nivel de calidad democrática que tiene el Estado". En un intento de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno un día después de la reunión en La Moncloa en la que Pedro Sánchez prometió "una solución política" alejada de las decisiones de los tribunales, Puigdemont ha reprochado que "el voto de los ciudadanos en Cataluña sigue estando maltrecho por una justicia que sigue haciendo política". Y añade que "será largo pero ganaremos" y que una hipotética república catalana hará "prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 ha aplastado".

Unas críticas que se han reproducido también a primera hora de la tarde en el Congreso de los Diputados donde el más contundente ha sido el representante del PDeCAT, Carles Campuzano: "Nos parece inadmisible la decisión del juez Llarena de suspender de sus derechos a los diputados en el Parlament que están encarcelados. Al margen de las defensas el Parlamento tomará sus decisiones, nos parece que en un momento de diálogo político esta decisión no toca". A la misma hora en Cataluña, el grupo parlamentario de JxCAT ha dejado claro que será la cámara autonómica la que decida en última instancia si sus 5 diputados dejarán o no finalmente el escaño.

Por su parte, en el Congreso, Campuzano también ha recordado que "el artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se basa el juez Llarena para tomar esta decisión, el 3.84 bis es hijo directo de la legislación antiterrorista y que no tiene sentido que se utilice una legislación pensada contra el terrorismo para hacer frente a las demandas de la ciudadanía de Cataluña". En su cuenta de Twitter, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal también denunciaba que se "está tratando como delincuentes a unas buenas personas".

Una insinuación velada de intromisión del poder ejecutivo en el judicial en la que no han querido entrar en Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz, Joan Tardá se limita a criticar al magistrado Llarena porque "solamente actúa movido por la crueldad, el deseo de venganza y la voluntad de escarmentar. Ninguna sorpresa".

Continúa el diálogo... por ahora

El Gobierno no ha querido emitir ninguna opinión al respecto, tampoco en el sentido de si esto supone un problema para la continuación de la operación distensión de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa se han limitado a informar de que el jueves por la mañana en el Palacio de la Moncloa tendrá lugar la segunda reunión entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés, mantendrán un encuentro de trabajo en Madrid a petición de este último con el fin de acelerar la coordinación de la comisión bilateral. Aragonés vendrá a Moncloa con una lista de peticiones que pasan por una mayor financiación para el cuerpo de Mossos d'Esquadra, que la Generalidad pueda gestionar el 0,7% del IRPF que se dedica a fines sociales y la recuperación de las leyes de contenido social impugnadas por el anterior Gobierno del PP. Desde Moncloa, aseguran fuentes, que el objetivo es avanzar para que el Consejo de Ministros pueda aprobar este viernes los nombramientos de los miembros de la comisión bilateral.

De esta forma, se podrá dar inicio"cuanto antes" a los trabajos de las tres mesas negociadoras –infraestructuras, inversiones y hacienda–, que coordinará la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. La consigna del Ejecutivo es que "en cuanto haya avances", previsiblemente en septiembre, Sánchez y Torra se volverán a reunir en Barcelona en fechas cercanas a la Diada. Un gesto, el de que el presidente del Gobierno se traslade a Cataluña, que en Sant Jaume valoran muy positivamente.

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