El Parlamento Europeo pide explicaciones a la Generalidad por la inmersión lingüística

Varios ciudadanos acudieron a la Eurocámara a denunciar la discriminación en las aulas. Bruselas preguntará sobre los incumplimientos de sentencias.

Olivia Moya

La Eurocámara pedirá explicaciones a las autoridades catalanas sobre la inmersión lingüística y la discriminación que supone esto para los padres que desean que sus hijos estudien en español. "Las familias tienen que poder desplazarse a Cataluña durante el tiempo que quieran. Cuando vengan de otra región de España los niños no tienen por qué perder su lengua materna. Este es un argumento de peso. En cuanto a la restricción de la libre circulación de las familias, esto va en contra de los valores de esta Unión. Por lo tanto, mantenemos abierta la petición. Enviaremos una carta a las autoridades regionales para su información, incluyendo una referencia a los fallos del Tribunal (Supremo). Eso es todo lo que podemos hacer por el momento. Me parece una manera acertada de proceder", zanjó la sueca Cecilia Wikström, presidenta de la comisión parlamentaria europea donde se debatió este martes sobre la política lingüística en Cataluña. Su postura no dejó del todo satisfecho a nadie aunque supone un paso adelante ante la inacción del Gobierno central.

El atropello a sus derechos que sufren los castellanoparlamentes en Cataluña, fundamentalmente en la escuela pero también en los comercios, fue visto en el Parlamento Europeo gracias al esfuerzo y perseverancia de dos asociaciones: Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña e Impulso Ciudadano.

Ana Losada, representando a la primera, lanzó al término de su intervención un ruego: "Por favor, ayúdennos". Losada, madre de una niña de diez años, explicó que el modelo educativo en Cataluña "obliga a que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza. Nuestros hijos no pueden aprender a leer y a escribir en su lengua".

"En la mayoría de los centros educativos las horas lectivas en castellano son: cero horas a la semana en la Educación Infantil; dos horas en Primaria y 3 en Educación Secundaria", señaló ante la mirada perpleja de la eurodiputada sueca. "A nuestros hijos se les transmite de forma directa o indirecta que el castellano no es una lengua de cultura. Su lengua no es utilizada para enseñarles matemáticas, historia o ciencias ni en la que pueden dirigirse a sus profesores". Losada también quiso resaltar el problema que se genera con los "niños con necesidades especiales": tampoco a estos la Generalidad les permite estudiar un porcentaje de asignaturas en castellano.

Además, a Cataluña "se desplazan miles de personas cada año". Muchos de ellos vienen del resto de España y otros proceden del extranjero, expuso Losada. "Algunos de ellos tienen hijos en edad escolar y descubren, cuando intentan escolarizarlos, que no hay centros públicos o concertados donde se impartan asignaturas en castellano". Así las cosas "muchos padres renuncian al traslado laboral". Y los que van "corren el riesgo de que sus hijos repitan curso o bajen las calificaciones de sus notas".

"Señores eurodiputados, hoy estoy aquí para pedirles que comprueben que si lo que hemos afirmado en esta Comisión es verdad", rogó Losada, que le pidió que se "investigue los abusos contra los niños". También rogó al Parlamento Europeo "que condene estos hechos, que envíe una carta al Parlamento catalán, al Gobierno regional y al Gobierno de España, expresando su preocupación y exigiendo la inmediata solución de la situación de discriminación".

"Competencia de los Estados miembro"

Precisamente la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sobrevoló en todo momento la comisión.

De hecho, fueron los propios portavoces europeos los que se apoyaron en la idea de que la política educativa es competencia exclusiva de las autoridades de cada país. "La Comisión no puede entrar en estas cuestiones porque se tienen que decidir a nivel nacional. Así pues remitimos la petición a las autoridades nacionales o regionales".

Los empresarios, sancionados

Por su parte, Carlos Silva (de Impulso Ciudadano), denunció la situación que desde hace años viven los comerciantes en Cataluña. A pesar de la sentencia del TC en este sentido, "miles de empresarios han sido sometidos a severos controles lingüísticos y muchos de ellos han terminado siendo sancionados por no disponer de rótulos o indicaciones escritas en catalán. Los inspectores de consumo se han convertido en guardianes de la lengua catalana".

Así puso de relieve que "el derecho que reconoce la UE a los consumidores a ser informados en una lengua comprensible no está garantizado por decisión de las autoridades administrativas catalanas, que se despreocupan de la atención de los consumidores que entienden español en aras de políticas de corte identitario".

Ambos contaron con el apoyo de las eurodiputadas Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Rosa Estaràs (PP), y la independiente Beatriz Becerra. Sólo les dio la espalda Josep-Maria Terricabras (ERC). Y el PSOE. La socialista Soledad Cabezón Ruiz, de manera despectiva y alineándose con las tesis nacionalistas, calificó la petición de "inoportuna", que solo sirve para "confrontar a la ciudadanía". Y acusó al PP y a Ciudadanos de tratar de rascar rédito electoral con esto. Esto provocó una alusión directa de Losada, que espetó a la socialista: "Únicamente queremos convivir. Soy una ciudadana a la que no me apoya ningún partido político y soy madre" de una niña en edad escolar en Cataluña.

Se dio una circunstancia un tanto esquizofrénica en el PSOE: durante la exposición de Ana Losada, Cabezón se ausentó de la comisión durante unos minutos. Su lugar lo ocupó brevemente Juan Fernando López Aguilar, que mantuvo un discurso diametralmente opuesto a su compañera de filas: "Me parece oportuno que la petición se mantenga viva" y no se dé por cerrado el asunto, pidió.

No obstante, cabe señalar que con el presidente socialista de la Generalidad, José Montilla, se endureció la legislación que preveía multas a estos comerciantes por no rotular en catalán.

Posibilidad de enviar una delegación a Cataluña

"Mantendremos la petición abierta. Hay un fallo sobre el Estatuto que reconoce el derecho de utilizar el español en pie de igualdad con el catalán. El Tribunal Supremo dictaminó que las escuelas catalanas tienen que impartir un 25% de las clases en español. En los datos que nos daba usted (en referencia a los proporcionados por Losada) había un 0% (de español) para los niños más pequeños. En esto tenemos que hacer hincapié. Nos tenemos que ceñir a esto", dijo Wikström, que no cerró la posibilidad de enviar una comisión de la UE a Cataluña para comprobar in situ la situación del español en los colegios. "Lo podemos debatir el año que viene".

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