El soborno del PSOE a Podemos en Aljaraque incluía cursos de formación

La juez Núñez Bolaños desconsideró que el caso tuviera vertiente política.

Pedro de Tena

En el restaurante Bernardino Bodega, conocido como Casa Bernardino en el pueblo de Aljaraque, tuvo lugar la ya famosa conversación grabada en la que, a cambio de trabajo en Aguas de Huelva para la esposa de uno de los concejales de Podemos y un puesto de concejal para otro, los intermediarios del PSOE acababan con la participación de Podemos en la moción de censura contra la alcaldesa socialista, Yolanda Rubio, que inicialmente había apoyado.

Pero el asesor de Podemos, y denunciante del caso, M.A.A. -cuya identidad debe ser protegida porque ha sido amenazado varias veces-, tomó nota de un curioso elemento de la trama urdida para terminar con la moción de censura. En un momento de la conversación, recuerda que aparecieron los cursos de formación en el tráfico político.

En una entrevista con ABC, M.A.A. responde a la pregunta de cuándo decidió denunciar el caso y responde: "En enero de este año -2017-, cuando Pedro Escalante -edil de Sí se puede Aljaraque- me llama para contarme como acabó la tarde -la reunión- y me plantea unos cursos que iban a entrar en el Ayuntamiento, vestirlos para que yo los cogiera... La reunión de Casa Bernardino fue una reunión no prevista. Escalante nos llamó para convocarnos a una cita con una persona que venía desde el PSOE y otro desde IU. Resultaron que fueron José Luis Rodríguez por el PSOE, aunque es un alto cargo de CCOO y Juan Diaz, por la asamblea de IU, también de CCOO".

Tómese nota de los "cursos que iban a entrar en el Ayuntamiento" y en la curiosa intención de "vestirlos" para que el luego denunciante "los cogiera". Es este testimonio el que constituye el indicio más clarificador de cómo se han utilizado los cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía en beneficio político del PSOE.

Sin embargo, la juez Núñez Bolaños no quiso admitir la existencia de una trama política en el caso del fraude de los cursos de formación al que, al igual que con el caso ERE y el caso Avales, ha sumido en una bruma judicial espesa. De hecho, archivó el caso matriz instruido por la juez Alaya, el equivalente del sumario por la responsabilidad política del caso de los ERE que sí admitió el Tribunal Supremo y que se juzga a partir de diciembre en Sevilla.

El Mundo subraya hoy que, al contrario de lo que dicta la Junta, el caso de la formación, especialmente su urdimbre política, no es un "bluf" orquestado por el PP que se desinfla en los tribunales. De hecho, hay alrededor de veinte juzgados que investigan casos de fraude en los cursos de formación, además de la juez Núñez Bolaños.

Por una parte, la propia juez Bolaños reconoció que, entre los cursos subvencionados, muchos de ellos relevantes en cuantía, se destinaron a 39 empresas vinculadas al PSOE, desde las empresas del ex consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, a la del ex número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco.

Por otra, la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, si bien no llegó a conclusiones unánimes como era de esperar, sí logró destacar la perpetración continua de irregularidades en los cursos de formación, irregularidades que fueron destacadas por la mayoría de los interventores provinciales de la Junta de Andalucía cuyos informes fueron desvelados por Libertad Digital.

Además, está el caso de los dineros mal utilizados que la propia Junta ha pedido que se reintegren en las arcas andaluzas. Se trata, por ahora, cuando de los 8.505 expedientes tenidos en cuenta quedan todavía 2.004 por analizar tras cuatro años de trabajos, de un importe de 149 millones de euros, cuyos gastos no fueron adecuadamente justificados.

Desmonta también la tesis del "bluf" el hecho de que la propia Junta suspendiera la concesión de cursos de formación durante dos años tras estallar el escándalo; que el Fondo Social Europeo suspendiera en 2014 las subvenciones a partir de las irregularidades detectadas y que los sindicatos UGT y CCOO, singularmente UGT, hayan tenido que ser investigadas judicialmente por su participación en el uso irregular de las subvenciones a la formación.

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