El Constitucional también enfila a la Junta Electoral inventada por los separatistas

Ha abierto un plazo de 48 horas para que informen sobre las medidas que han adoptado para cumplir la suspensión del 1-O. Procederá contra ellos.

Fernando Lorente

El Tribunal Constitucional se ha reunido en Pleno por segunda vez en dos días. Sobre la mesa, dos cuestiones urgentes en relación con el desafío separatista de Cataluña. Los doce magistrados han rechazado el recurso a la desesperada de Carme Forcadell, confirmando que no admiten a trámite la iniciativa del Gobierno de Carles Puigdemont para recusarlos y apartarlos del órgano. Por otro lado, han situado en la diana a los miembros de la llamada Sindicatura Electoral, abriendo un plazo de 48 horas para que informen sobre las medidas adoptadas en pos del cumplimiento de la suspensión del referéndum ilegal.

Transcurrirá el plazo y el informe que remitan –si lo hacen– no recopilará una sola acción en ese sentido. Da igual que los miembros de la denominada Sindicatura Electoral de Cataluña recibieran el apercibimiento del Tribunal Constitucional de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" relativa al 1 de octubre. Son cinco miembros elegidos por Juntos por el Sí y la CUP en una votación que se produjo en la sesión del Parlamento catalán donde se ausentaron los grupos de la oposición constitucionalista –salvo Podemos– mientras perpetraban el golpe a la democracia.

Gracias a ese procedimiento, componen la Sindicatura Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB. Sus funciones son las propias de una Junta Electoral; básicamente, velar por la transparencia y el correcto desarrollo de una votación, en este caso del 1-O.

El Constitucional esperará el informe y decidirá después si procede en su contra. Dispone de las medidas coercitivas entregadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la última reforma de Ley Orgánica: apertura de la vía penal a través de la Fiscalía, suspensión de funciones a cargos desobedientes y, la única que convence a una parte de los magistrados, la posible imposición de multas de entre 3.000 y 30.000 euros.

Contestación a Forcadell

El Pleno ha rechazado el recurso de súplica formulado por la presidenta del Parlamento de Cataluña. Los magistrados han reiterado su decisión de no admitir a trámite la recusación que Forcadell dirigió contra todos los miembros del Tribunal Constitucional. Entiende que ninguno de los argumentos sustenta una iniciativa que "carece de sustantividad jurídica" y no "acreedora de una decisión sobre el fondo".

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