La Educación andaluza: inspecciones afines al PSOE, enchufismo...

Es menester que se produzca una reflexión más profunda y crítica para que el caso andaluz, así como el español, tengan solución.

Pedro de Tena (Sevilla)

Ni se trata exclusivamente del dinero invertido por alumno en Andalucía –a la cola de España durante años–, ni se trata de las comparativas de los sucesivos informes PISA –en los que Andalucía siempre ha estado en la cola de España y Europa–, ni de otros factores por llamativos que parezcan. Ciertamente son ingredientes de cualquier explicación, pero es menester que se produzca una reflexión más profunda y crítica para que el caso andaluz, así como el español, tengan solución.

Que Andalucía ha estado a la cola de España en lo que se refiere a gasto educativo no admite discusión. Pero el País Vasco ha sido la que más ha gastado y no ocupa lugar de privilegio en el último informe PISA. Esto es, el criterio del volumen de gasto no es el único criterio apreciable para hacer un diagnóstico de la situación educativa andaluza.

Lo mismo ocurre cuando tratamos los sucesivos informes PISA. Tomemos nota de los resultados que arrojó el informe PISA de 2011 que puso de manifiesto que la educación en Andalucía no resistía comparación con ningún otro modelo educativo a nivel nacional. Ni siquiera en equidad educativa, como puso de manifiesto el Informe Pisa de 2009.

Curiosamente, la Junta de Andalucía ha respondido a la realidad evidente con ataques al Estado y con referencias a la deficiente herencia recibida del franquismo, de lo que hace ya más de 40 años.

El propio expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista Rafael Escuredo, llegó a decir: "Yo creo que no se ha hecho lo suficiente en educación. Arrancamos de una posición de debilidad muy fuerte en comparación con otras comunidades, pero ese argumento para mí no es válido 30 años después" (2012).

Pero es que la propia Junta de Andalucía, que va muchas veces contra los propios actos, sabía cuál era la realidad. El País lo resumió así ya en 2012: "En el estudio elaborado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa –o sea, la propia Junta–, se señala que el 19,4% del alumnado de ESO está en los niveles más bajos de rendimiento –el primero y el segundo–. "El 80,6% restante estaría en los niveles 3, 4, 5 o 6 –intermedios o avanzados–, considerados suficientes para que el alumno o la alumna afronte con éxito la formación posterior, la vida laboral y el ejercicio de la ciudadanía", se indica en el estudio.

Los problemas se acentuaban cuando se examinaban las competencias de razonamiento matemático y comunicación lingüística en castellano. En el caso de las matemáticas, el porcentaje de alumnos en los niveles más bajos –1 y 2– crece hasta el 23,9%. En el de lengua, sube hasta el 22,8%.

Los resultados de la evaluación de diagnóstico de la Junta coincidían con los del Informe PISA de 2011 donde se señalaba que el 26% de los estudiantes de 15 años evaluados en Andalucía estaba en los escalones más bajos de comprensión lectora.

En los informes de esos años del propio Ministerio de Educación se concluía que Andalucía estaba a la cola de España en educación secundaria obligatoria –ESO–. No sólo tenía la tasa de repetidores más alta de España, sino que estaba entre las últimas Comunidades en comunicación y competencia lingüística, matemáticas, física y sociales.

Recuérdese que fue noticia en su día que el gobierno Griñán quisiera obligar a leer a los alumnos en la educación andaluza, cosa que al parecer no hacían. Por ello, los resultados del nuevo informe PISA, como en el caso de las inundaciones malagueñas, diluvia sobre mojado.

Pero hay otros elementos, tal vez más sustanciales para comprender qué ha pasado y pasa en la educación andaluza, y seguramente, en otros lugares de España. Vamos a exponer, sucesivamente y no por orden de importancia, algunos de ellos que ya indicamos en el libro no publicado La tela de araña andaluza: el poder de un régimen, escrito hace ya cuatro años:

1. Una inspección educativa afín al PSOE y "light"

La victoria del PSOE en 1982 en toda España tuvo como resultado el más llamativo intento de controlar la educación y ese control se entendía ligado por supuesto a la labor inspectora. La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública –LMRFP– de 1984 pretendió el desmantelamiento de los cuerpos de inspección existentes en ese momento en la Enseñanza Primaria, Enseñanzas Medias y Formación Profesional, y la aparición de un concepto nuevo en el panorama administrativo español: la función inspectora. Se trataba de cargarse el Cuerpo de Inspección Educativa.

Como ha contado Rafael Fenoy Rico, militante de la CGT cuando escribió Historia de la Inspección de Educación, "desde 1982 se nombraron inspectores extraordinarios en provincias andaluzas ya que las últimas oposiciones a Inspección se convocaron en 1979 y las vacantes que se iban produciendo en las plantillas provinciales dificultaban la prestación de los servicios. El PSOE tenía definido un modelo de inspección y no estaba por realizar convocatorias de oposiciones" porque preparaba su modelo.

Los procedimientos utilizados fueron distintos ya que mientras en FP –Formación Profesional– y en EEMM –Enseñanzas Medias– los nombramientos eran directos, en el caso de Inspectores Extraordinarios de Educación Básica se utilizaba la fórmula de convocatorias públicas. En 1984, la tensión entre los Cuerpos de Inspección y el gobierno socialista –en Andalucía también– era máxima.

Se trataba de conseguir una labor inspectora que no exigiera resultados, controlara esfuerzos y corrigiera abusos. De hecho, se quería una "inspección" light respecto a los deberes de los profesores y la calidad de la enseñanza y hostil respecto a todo disidente hacia el "régimen" que apareciera en el profesorado andaluz a todos los niveles. Adoctrinamiento y camino de promoción seguro eran las señales del modelo.

Como botón de muestra baste recordar el procedimiento que se siguió en Andalucía para la selección de la primera y única promoción de docentes para el desempeño de la Función Inspectora. Se inició el procedimiento en 1987 y se terminó en 1991, y estuvo plagada de irregularidades y anomalías. Una de ellas residió en cómo se aplicaban las evaluaciones a los interesados, sometidos en todo momento al criterio de la autoridad educativa. Por ejemplo, en Huelva, los afectad eliminados recurrieron por la ausencia de publicidad de los criterios de evaluación a los que habían sido sometidos". La sospecha es que fueron eliminados sin saberse por qué. Las razones ideológicas flotaron en el ambiente.

En 2014, de nuevo en Huelva, cuatro profesores fueron eliminados de las oposiciones a Inspectores y la Justicia tuvo que intervenir reponiéndolos.

Y se demostró, indirectamente, cuando en 1994, tras la ocupación de la inspección educativa por parte del PSOE y afines, se hizo una leve una autocrítica y se volvía a contemplar el concurso oposición y una inspección más profesional que aún no está resuelta.

En una fecha tan cercana como 2013, desde la propia Inspección de la Junta se ha denunciado el intento de configurar una Inspección "paralela" para controlar más eficazmente la educación andaluza.

2. La libre designación, el enchufismo y el interinato

En 2002, el secretario del Sindicato Andaluz de Docentes Interinos -SADI- en Cádiz, José Ramón Dorado, anunció denuncia ante la Consejería de Educación por un supuesto delito de prevaricación contra directores de centros de secundaria andaluces a los que, con autorización de los inspectores y de la entonces delegada provincial de Educación, luego alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, en prisión actualmente, acusaban de contratar a dedo a unos 3.000 profesores. Según Dorado, estos docentes habían sido contratados para plazas específicas de interinos sin la correspondiente convocatoria pública.

De hecho, en las Universidades andaluzas ha habido siempre centenares de puestos de libre designación. Como ejemplo, destacaremos que se denunció a la Universidad de Huelva en 2007 porque "puestos catalogados en la "relación de puestos de trabajo" como grupo A eran ocupados por administrativos del grupo C; comisiones de servicio concedidas a personas que pasaban de una unidad administrativa a otra con la mochila de servicios prestados a cuestas; comisiones de servicio en unidades de volumen de trabajo inexistentes; exclusividades que se compensaban en horas de descanso además de ser remuneradas; utilización de partidas del capítulo 6 del Presupuesto, Inversiones, para contratación de persona, que debían ubicarse en el Capítulo 1, gastos de personal, entre otras cosas.

En fecha tan temprana como 1984, ya se denunciaba lo siguiente:

  • Los coordinadores para la Educación Permanente de Adultos –EPA– se nombraban "a dedo", sin que las plazas salgan a concurso público.
  • Los profesores para la EPA se nombraban directamente sin que se publicara el baremo establecido para la valoración de los méritos aportados por cada solicitante.
  • Los inspectores extraordinarios de EGB se han nombrado sin atenerse a las bases de la convocatoria.
  • Las "comisiones de servicio" se han concedido de forma arbitraria, sin tener en cuenta la actual reglamentación.

Incluso llegaba a denunciarse que los convenios de EPA entre los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía están permitiendo que algunos alcaldes nombrasen profesores a su antojo.

Las malas costumbres de la contratación de interinos, en lugar de realizar adecuadamente oposiciones regulares y ajustadas a Derecho conducía al enquistamiento de unos interinos a los que se había prometido de todo, menos el cumplimiento constitucional de la igualdad de derechos en el acceso a la función pública para todos. De hecho, los interinos no admitían la convocatoria de oposiciones libres a los cuerpos docentes si no se tenían en cuenta privilegios supuestamente derivados de su servicio público.

Este mismo año de 2016 se han descubierto vergonzosos casos de enchufismo que pueden ser la punta de otro iceberg de corrupción encubierta. La consejera de Educación andaluza, Adelaida de la Calle, igualmente de trayectoria sospechosa por su gestión al frente de la Universidad de Málaga, tuvo que paralizar en Sevilla la designación de varias plazas de profesores al descubrirse que muchas de ellas se resolvían a dedo. Por ejemplo, un jefe del Servicio de Inspección colocó a su hija como profesora en un centro de adultos, a pesar de que su hija no era ni maestra ni funcionaria ni siquiera interina.

3. La situación de la Universidad

En un artículo publicado en El País en 2006, un grupo de profesores entre los que se encontraba el catedrático de Física sevillano, Luis Rull, y otros andaluces más, hacía un análisis de la situación de la Universidad española, que resumía y aclaraba la situación de la universidad andaluza, agravada por el poder omnímodo que la Junta de Andalucía ha ejercido sobre ella haciéndola tragar incluso con deudas económicas insoportables. De los Consejos Sociales de las Universidades andaluzas, ni hablamos dado el férreo control de la Junta en ellos.

Decían aquellos pioneros: "Para que la universidad cumpla con su papel como motor del desarrollo, debe seleccionar a los mejores profesores en base a criterios de excelencia docente e investigadora. Por desgracia, en nuestro país los profesores universitarios se seleccionan con demasiada frecuencia por procedimientos poco transparentes, donde amiguismo y enchufe pesan sustancialmente más que la investigación y la docencia", comenzaba el artículo.

Desde hace décadas la selección de catedráticos se ve, no pocas veces, alterada por un sistema de padrinazgo, amparado en una estructura de áreas de conocimiento que establece una red de intercambio de favores entre catedráticos y a los aspirantes les sale más a cuenta "buscarse un padrino" que buscar la excelencia docente e investigadora. Dicho más claro ni los tribunales de selección han estado ni sus decisiones han sido totalmente transparentes.

En el proceso de selección de profesores en cuanto a su capacidad científica, existe un sistema aceptado internacionalmente que permite valorar la calidad de su trabajo con garantía del juego limpio. Pero ni en Andalucía ni en España funciona ese sistema debido a tres causas:

  1. Falta de rigor en la selección de los miembros de las comisiones nacionales. Alguien puede llegar a catedrático sin haber publicado ni un solo artículo en una revista internacional de impacto, por ejemplo.
  2. Total impunidad: un tribunal no tiene que dar explicaciones a ninguna instancia superior (en la práctica, sólo se les exige respeto a las formas del proceso ya que son soberanos respecto al fondo de su decisión), puede elegir sin que la más descarada de las arbitrariedades tenga consecuencias.
  3. Amiguismo sistemático. Aunque en la universidad española son catedráticos excelentes científicos, la adjudicación de plazas se rige por una ética perversa. El incompetente defiende su puesto manteniendo alejados a los profesionales de excelencia. Para ello mantiene un sistema de padrinazgo de protegidos cuya virtud principal suele ser la servidumbre.

Incluso en prensa tan poco sospechosa de apoyo al Gobierno del PP, como Público.es, se denunciaba la existencia de un sector "B" en el profesorado universitario.

Hay otros elementos que tener en cuenta en la crisis de la educación andaluza, tal vez extensibles al conjunto del sistema educativo nacional. Pero se trata de contribuir al análisis de lo que nos ocurre para que sea posible un modelo educativo general y compartido libre de partidismos y de irregularidades.

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