PP, C's y CSIF denuncian la Oficina Antifraude de 'Ahora-PSOE': "Un tribunal político de presión a funcionarios"

Este miércoles se aprobó en Comisión el proyecto de la Oficina Antifraude que cuenta con el rechazo de la oposición y el sindicato CSIF.

Olivia Moya

Era una de las medidas estrella del pacto entre Ahora Madrid y PSOE,que aupó a los primeros a la Alcaldía de la capital: la Oficina Antifraude. Pero su borrador disgusta a los partidos de la oposición, ignorados en la elaboración del mismo.

Tampoco está de acuerdo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que este martes denunció, junto al PP, el "señalamiento" a funcionarios municipales que prevé dicho borrador que se presentó este miércoles en Comisión. Y es que según consta en el proyecto de reglamento que filtraron a El País, cualquier autoridad, directivo o empleado municipal que muestre una "actitud hostil o entorpecedora" con su labor "podrá ser objeto de un informe especial", "además de destacarlo en la memoria anual". La oficina admitirá denuncias anónimas y realizará visitas a los centros de trabajo "sin previo aviso".

Este "señalamiento" a funcionarios es la principal conclusión a la que llegaron ayer el portavoz de Participación y Transparencia del PP, Percival Manglano, Manuel González Molina, presidente autonómico de CSIF, y Víctor Martínez, responsable del área Local de ese sindicato mayoritario. Manglano, que estuvo reunido con los representantes sindicales durante hora y media, recordó que el Gobierno de Carmena "no ha informado ni consensuado" con ningún sindicato un texto que, a juicio del Partido Popular, supone el "amedrantamiento" a funcionarios. Para Manglano, no es tolerable el "control político" que el Gobierno de Carmena quiere otorgar a esta Oficina.

En ese sentido, Manuel González recordó que "cualquier modificación de la normativa que afecta a los empleados públicos, debe ser consultada con los sindicatos, algo que no se ha producido". González subrayó que el trabajo de los funcionarios "no puede estar sujeto a los caprichos del Gobierno de turno", criticó los "problemas evidentes" generados por las "medidas unilaterales tomadas por los Gobiernos populistas" como el de Ahora Madrid y anunció que su organización ofrecerá asesoría jurídica a los funcionarios que formen parte de este organismo anticorrupción "para que no haya abusos". "Estamos totalmente en contra de la utilización de los funcionarios" prevista en el borrador de la Oficina Antifraude, afirmó.

Una "caza de brujas"

Uno de los aspectos de este reglamento que más criticó el pasado 7 de octubre Víctor Martínez en Es la tarde de Dieter, de esRadio, fue la posibilidad de que se admitan denuncias anónimas contra funcionarios. "Es lo máximo ya dentro de un Estado de Derecho", afirmó. El responsable del sindicato en el área local de Madrid dijo que les parece "desproporcionado" que "una persona que anónimamente acuse a algún empleado público de cometer una irregularidad o un acto ilícito se le tenga en consideración y fundamento".

También se harán entrevistas personales a los empleados públicos sobre los que se tenga sospecha "sin necesidad de que lo apruebe ningún organismo judicial" y "va a haber funcionarios señalados", lamentó Martínez. Al final de año, además, "se presentará una lista con todos los que han sido investigados".

Martínez recordó que no hace falta que les obliguen a colaborar porque "nuestro trabajo es colaborar, si tenemos conocimiento de que se está cometiendo alguna irregularidad ya lo denunciaremos". Víctor Martínez remarcó que "esta caza de brujas que pretende el Ayuntamiento de Madrid nos parece absurda como casi todo lo que ocurre" en el Consistorio.

Piden un funcionario público independiente

El Grupo Municipal del PP presentó 32 enmiendas parciales y una a la totalidad - a la que se unió Ciudadanos- de un borrador que, según el grupo que lidera Esperanza Aguirre, supera el ámbito de competencia municipal y se extralimita en funciones propias del poder Judicial. Manglano quiso dejar claro que su grupo apoya medidas de control de posibles prácticas fraudulentas y corruptas en la administración, como la puesta en marcha de una Oficina de Buenas Prácticas y Transparencia, que recogía el programa electoral de los populares.

Y es que a juicio del PP, la persona que debe dirigir ese organismo, debería ser un funcionario público, de acreditada experiencia, habilitado de carácter nacional, y que dependa de la Intervención General del Ayuntamiento y no del Pleno municipal. En sus enmiendas, el PP plantea que la elección de ese funcionario tenga un amplísimo consenso de los grupos municipales, y defiende que éste sea nombrado "con el apoyo de las 2/3 partes de los concejales en lugar de la mayoría que plantea el borrador del reglamento".

"Tribunal político de presión a los funcionarios"

"Los funcionarios son personas que merecen respeto y que tienen derecho a preservar su intimidad", señaló a Libertad Digital la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra. Éste "es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución y, por tanto, también a los funcionarios". "¿Por qué Ahora Madrid va en contra de los funcionarios?, ¿por qué no respeta su intimidad?", se preguntó Saavedra.

Y es que para la edil de la formación centrista, esta Oficina Antifraude es una medida "positiva si es regulada de forma adecuada", pero no así. "PSOE y Ahora Madrid quieren hacer de su Oficina Antifraude un tribunal político de presión a los funcionarios", que "no se merecen este trato de patada en la puerta y revisión de su ordenador" sólo por cumplir con su trabajo.

Ciudadanos propone que el director de este organismo sea elegido por consenso de las 3/5 partes del Pleno y no sea seleccionado únicamente por dos partidos políticos: "Ahora-PSOE". Y es que si algo tienen claro desde el grupo dirigido por Begoña Villacís es que esta medida no puede acabar siendo "una herramienta política para atacar a los grupos de la oposición".

La formación centrista ya se reunió la semana pasada con la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS)y este jueves lo hará con Transparencia Internacional. El objetivo es "conocer de primera mano qué opinión les merece" esta Oficina Antifraude de Carmena y el PSOE.

"A Aguirre le interesa que no se esclarezca la corrupción"

Por el contrario, los socialistas defienden con ahínco esta medida, incluida en su programa electoral con el concurrieron a las pasadas elecciones municipales e incluida también entre los acuerdos que deberían desarrollarse en el pacto de investidura que hizo a Carmena alcaldesa de Madrid. "A Esperanza Aguirre no le interesa la Oficina Antifraude. Lo que le interesa es que no se esclarezca la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid. Intentó boicotear la Comisión de Investigación y ahora intenta boicotear la Oficina lanzando acusaciones falsas que además demuestran su escaso conocimiento de lo que dice realmente el reglamento de la Oficina", afirma Purificación Causapié.

Según la portavoz de los socialistas en el Consistorio, "desgraciadamente" ésta es la misma estrategia del PP a nivel nacional, como se ha podido comprobar estos días intentando anular el juicio de Gürtel, "y lo vemos cada día intentado evitar que se investigue en este Ayuntamiento". Para Causapié esta Oficina no sólo no es una "amenaza" para los funcionarios sino que "será un mecanismo de defensa" para ellos, "que tendrán un instrumento que les permita defenderse de supuestas coacciones o intimidaciones que pudiese efectuar un responsable político, un alto cargo municipal u otros compañeros. Sabemos que la Oficina será muy bien recibida por la inmensa mayoría de los funcionarios y trabajadores municipales".

Por su parte, la portavoz municipal Rita Maestre calificó esta Oficina de "iniciativa pionera en nuestro país", que lo que va a hacer es "trabajar en la investigación y prevención de posibles casos de corrupción, teniendo en cuenta que uno de los agentes fundamentales en esos procesos pueden ser los funcionarios, los trabajadores municipales, garantizando el anonimato y facilitando su trabajo", subrayó Maestre.

Fractura en el Ayuntamiento

Finalmente, en la Comisión celebrada este miércoles, se visualizó de manera clara la división total en este asunto: como estaba previsto, el texto salió adelante con los votos favorables de Ahora Madrid y PSOE, que no admitieron ninguna modificación de calado al proyecto, dejando un Ayuntamiento partido en dos.

Así, la creación de esta Oficina llegará al Pleno municipal de la próxima semana donde será aprobada definitivamente y donde se augura un tenso debate entre los grupos políticos. En Comisión, tanto la concejal de Ciudadanos, Silvia Saavedra, que es además de edil de la formación funcionaria de carrera del Consistorio, como el popular Percival Manglano se llevaron las manos a la cabeza por este reglamento del que dudan de la legalidad de alguno de sus puntos.

"¿Saben la barbaridad que han puesto?"

"¿Saben la barbaridad que han puesto?", les preguntó Saavedra. Hablan del "nivel de confidencialidad suspendido", extremo éste que únicamente está pensado "para delitos de terrorismo". "Si se mantiene ese párrafo lo vamos a impugnar por vía administrativa", les avisó.

"La elección del director será una decisión puramente política", avanzó Manglano, nombrado en segunda votación por la mayoría simple del Pleno, esto es, por PSOE y Ahora Madrid. "Un 'colacaó' más, pero con mando en plaza". Será el "sheriff de Carmena", dijo el edil popular, que "impartirá justicia dentro del Ayuntamiento". Manglano recordó que la idea inicial de crear una Oficina Antifraude "era buena". La Asociación contra la la corrupción y la regeneración social (ACCORS) "habló con los grupos y la idea original estaba basada en ese modelo". Ahora "se crea una policía política paralela en este Ayuntamiento al servicio del Gobierno".

Por su parte, el vicepresidente de ACCORS, Armando Rodríguez, en declaraciones a Libertad Digital, señaló que una "Oficina Antifraude que no tiene el consenso de los grupos políticos está condenada al fracaso". El proyecto, que pasa con dictamen positivo al Pleno, tiene "un consejo asesor compuesto por personas cuya tarea es la de ser "meramente palmeros sin función ejecutiva" y sin poder contradecir al director de la misma, cuya independencia política necesaria "no se garantiza", sostiene Rodríguez.

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