La Junta negoció prejubilar falsamente a un concejal de IU pagándole 6 veces lo establecido

Lo incluyó en la póliza de prejubilaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa).

Pedro de Tena (Sevilla)

La Junta ha reconocido al juzgado que instruye el caso ERE que pagó seis veces más de lo que correspondía por incluir a un intruso de Izquierda Unida y Comisiones Obreras en la póliza de prejubilaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) en lugar de abonarle la indemnización que le correspondía por despido improcedente. Esto es, lo prejubiló falsamente, le pagó de más y ni siquiera estaba afectado por ERE alguno.

El agraciado se llama Antonio Márquez García, que fue liberado sindical de Comisiones Obreras, al que la dirección de Egmasa, en manos del PSOE, se negó a readmitir cuando en 2004 dejó de estar liberado por su organización. El problema era la actitud crítica de Márquez, concejal además en Almonte por IU. Almonte, un pueblo de Huelva gobernado por el PSOE en aquel tiempo, ha sido famoso por los escándalos sistemáticos del socialismo local como ha venido informando Libertad Digital desde hace años.

Los que "arreglaron" el tema para que no pasara a mayores fueron los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela, la gerente de Egmasa, y Antonio del Valle Jiménez, diputado de IU por Huelva así como el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes. El presidente de Egmasa era, por entonces, Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla.

La salida que encontraron fue simular un despido improcedente en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), pactándose una indemnización por despido de más de 120.000 euros que iban a pagar todos los andaluces mediante su "indebida inclusión" en la póliza colectiva firmada el 28 de noviembre de 2003.

La Junta acordó incentivar las prejubilaciones de 373 operarios de Egmasa a fin de rejuvenecer la plantilla, dada la "incapacidad física" de muchos trabajadores para el desempeño de las tareas del Plan Infoca. Los afectados por este ERE habían sido recolocados en esta empresa pública tras haber trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural.

En el caso de Márquez, la propia abogada de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) -el ente en el que se integró Egmasa en 2011- reconoció que la empresa pactó en el acto de conciliación obligaciones que "no habían sido solicitadas por el trabajador" y que multiplican "al menos en seis veces" lo que le habría correspondido por despido improcedente.

Cuenta El Mundo que "el trabajador D. Antonio Márquez García habría sido prejubilado con una indemnización muy superior a la legalmente prevista, con grave lesión para la Hacienda pública y de forma totalmente contraria a la ley", según expone la letrada Patrocinio Peláez en el escrito que elevó a la juez Mercedes Alaya, entonces titular del juzgado número 6 de instrucción de Sevilla.

Por si fuera poco, el propio Márquez, el beneficiario, presentó un certificado individual del seguro en el que aparece una "firma ilegible" junto al sello de Egmasa como tomador de la póliza. Y esa rúbrica "no se corresponde con ninguna de [la de] los responsables que podrían haber suscrito el documento".

El 24 de mayo de 2012 Antonio Márquez compareció como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil declarando que la indemnización de más de 120.000 euros "fue negociada por el sindicato CCOO y la empresa" y que desconocía que se tratase de la póliza de Egmasa. Creía que estaba firmando una póliza individual por su prejubilación, aseguró.

Márquez estuvo viviendo de estas rentas hasta abril de 2011 cuando el impago de las mismas le llevó a interponer una demanda de ejecución del acuerdo del CMAC, que recayó en el Juzgado de lo Social 10 de Sevilla. Pero en paralelo, el trabajador presentó demanda de conciliación previa a una querella contra directivos de Egmasa que le habían señalado como autor de un delito de estafa.

El falso prejubilado instaba a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a "rectificar" las acusaciones vertidas en su escrito. De lo contrario, anunciaba que pediría una indemnización por los "daños psíquicos y morales" sufridos que cifraba en la cantidad de 200.000 euros.

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